La cubana Mirtza Ocaña, de 39 años, se presentará ante un tribunal federal en Tampa, Florida, el próximo 18 de noviembre para conocer su sentencia. Ocaña se declaró culpable de introducir ilegalmente más de 102 mil dólares en efectivo en Estados Unidos.
La audiencia, que estará a cargo de la jueza Kathryn K. Mizelle, está programada para las 10 a.m., según confirmó la fiscalía del Distrito Central de Florida al medio Café Fuerte.
Ocaña fue arrestada el 5 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Tampa durante una revisión de rutina. Agentes de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) encontraron 102,709 dólares en efectivo, los cuales no fueron declarados. El dinero estaba distribuido en su equipaje y ropa. Durante el interrogatorio, Ocaña admitió recibir pagos de entre 1,000 y 2,500 dólares por cada viaje que realizaba desde Cuba para introducir grandes sumas de dinero sin declarar.
Desde mayo de 2023 hasta su arresto, Ocaña llevó a cabo 45 viajes entre EE.UU. y Cuba, alegando motivos familiares y actividades comerciales de paquetería. Sin embargo, las autoridades investigan la posibilidad de una red de contrabando más amplia detrás de sus movimientos de efectivo.
El abogado de Ocaña, Juan C. Mercado, sostiene que no hay pruebas de tal conexión y defiende que su clienta es una persona “sin antecedentes penales y con un historial de buena conducta”, quien cometió un “error” al no declarar el dinero.
Mercado confía en que la jueza Mizelle considerará las circunstancias de Ocaña al imponer una sentencia reducida, aunque la acusada enfrenta una pena máxima de cinco años en prisión federal.
Durante el proceso, Ocaña consideró colaborar con las autoridades para reducir su sentencia, pero finalmente decidió no hacerlo tras evaluar las estrictas condiciones impuestas por el gobierno federal.
Desde su declaración de culpabilidad en agosto, muchos esperan la sentencia que se anunciará el 18 de noviembre en Tampa. El caso ha suscitado especulaciones sobre una posible conexión de Ocaña con el exministro cubano de Economía, Alejandro Gil Fernández, quien fue destituido en febrero por acusaciones de corrupción. Sin embargo, su abogado calificó estos rumores de «absurdos» y afirmó que no existe relación alguna entre su defendida y el régimen cubano.
El equipo de Investigaciones de Seguridad Nacional está manejando el caso, bajo la dirección del fiscal federal adjunto Michael J. Buchanan, quien ha subrayado la gravedad de los cargos, que incluyen contrabando y conspiración con una persona no identificada para transportar dinero ilícito a Estados Unidos.
Las leyes estadounidenses permiten la entrada de cualquier cantidad de efectivo, pero exigen que se declare si supera los 10 mil dólares, con el objetivo de combatir el lavado de dinero y otras actividades delictivas, como el financiamiento del terrorismo.
