La reciente destitución de Jorge Luis Perdomo Di-Lella, exviceprimer ministro de Cuba, ha reavivado el debate sobre la falta de transparencia en la gestión gubernamental. A pesar de las leyes que deberían garantizar el acceso a la información, como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley de Comunicación Social, el pueblo cubano se encuentra nuevamente a merced del secretismo estatal. Esta situación plantea interrogantes esenciales: ¿qué errores cometió Perdomo Di-Lella y de qué manera han contribuido a la crisis económica que enfrenta la nación?
El silencio del Gobierno al respecto es ensordecedor. Cuando el diario oficial Granma anunció su destitución, simplemente mencionó que el Consejo de Estado tomó la decisión “a propuesta” de Miguel Díaz-Canel, dejando en el aire la naturaleza de los “errores” cometidos por Di-Lella. Este tipo de omisiones no solo privan a la población de información vital, sino que también afectan la confianza en la gestión pública. Al no detallar los errores de Perdomo y su impacto en la crisis actual, el Gobierno incumple con su deber de garantizar el acceso a la información pública, tal como estipula la legislación vigente.
No obstante, la responsabilidad también recae en los medios de comunicación estatales. Financiados por el Estado, que a su vez depende de los recursos de los ciudadanos, estos medios tienen el deber de informar de manera clara y transparente. La Ley de Comunicación Social establece que su misión esencial es producir y compartir contenidos que informen al pueblo. Sin embargo, este compromiso ha sido una ilusión en la práctica.
Los cubanos no solo tienen derecho a saber sobre la destitución de Perdomo Di-Lella, sino también sobre cualquier medida penal o administrativa que lo afecte. Al fallar en este sentido, los medios oficiales no cumplen con su papel fundamental. La reciente implementación de la Ley de Comunicación Social no debe ser un mero trámite administrativo; su efectividad depende de la voluntad de las instituciones de adherirse a sus preceptos.
Según fuentes cercanas, Perdomo fue consciente de su inminente destitución desde el 24 de octubre, coincidiendo con la detención de varios funcionarios, incluidos su hermano y miembros del Grupo Empresarial Palco. Esta conexión, sin aclaraciones por parte del Gobierno, alimenta la especulación y la desconfianza. Si las detenciones son ciertas, ¿cómo se relacionan con la remoción de Di-Lella? La falta de claridad genera un vacío informativo que el Gobierno parece contento en mantener.
La académica Alina Bárbara López Hernández ha sugerido que la destitución de Di-Lella podría ser una estrategia del Gobierno para desviar la atención de otros problemas más profundos en la administración. Este tipo de maniobras no son nuevas en el panorama político cubano, donde el secretismo ha sido una constante. El nuevo ministro que reemplaza a Di-Lella, Eduardo Martínez Díaz, fue responsable de la elaboración de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, lo que hace aún más inquietante el silencio en torno a su destitución.
Es desconcertante que, tras años de resistencia a la transparencia, la situación actual siga siendo un reflejo del secretismo que ha dominado el régimen cubano. A pesar de la promesa de un gobierno más abierto y responsable, el caso de Di-Lella es solo una de las muchas destituciones que han pasado sin la debida rendición de cuentas. La reciente remoción del gobernador y vicegobernador de Las Tunas es otro ejemplo: el reconocimiento de “errores” y “violaciones” sin especificar los detalles es, en sí mismo, una falta de respeto hacia la ciudadanía.
La lista de destituciones en 2024 es alarmante y continúa creciendo. El caso del exministro de Economía, Alejandro Gil, que enfrentó un proceso penal tras su remoción, es un recordatorio de que la falta de información no es solo una cuestión de curiosidad; es un derecho ciudadano. Los cubanos continúan esperando respuestas que jamás llegan, lo que refuerza la percepción de que el acceso a la verdad es un lujo en la Cuba contemporánea.
