Por trigésima segunda vez, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución que exige el fin del embargo estadounidense contra Cuba. Esta política es atribuida por el régimen de La Habana a los crecientes problemas económicos de la isla.
Con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y una abstención de la República de Moldova, la mayoría de los países miembros reafirmaron su apoyo a la resolución impulsada por el gobierno cubano.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba celebró el resultado en la red social X, resaltando que el mundo sigue oponiéndose al “bloqueo”. El diario oficialista Granma también destacó este logro, una práctica habitual en los medios estatales de la isla.
Un detalle notable fue la abstención de Moldavia, mientras que Ucrania, que en años recientes ha optado por mantenerse al margen, no fue mencionada durante la sesión informativa de la ONU, que revisa anualmente este proyecto de resolución desde 1992.
En septiembre pasado, el presidente Joe Biden firmó la extensión del embargo económico de Estados Unidos a Cuba hasta 2025, una medida que ha sido habitual para administraciones tanto republicanas como demócratas durante más de seis décadas. La Casa Blanca emitió un memorando oficial el 13 de septiembre, un día antes de que expirara la vigencia de la ley, afirmando que “la continuación del ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba durante 1 año es de interés nacional de Estados Unidos”.
El documento, firmado por Biden y dirigido al Secretario del Tesoro, establece: “Por lo tanto, continúo por 1 año, hasta el 14 de septiembre de 2025, el ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba”.
Con esta extensión, el régimen cubano deberá esperar hasta el 14 de septiembre de 2025 para conocer posibles cambios en la aplicación de estas políticas, que han sido rechazadas de manera constante por el gobierno de la isla durante décadas, sin que hasta ahora se haya modificado nada al respecto.
El embargo, que comenzó a implementarse de forma parcial en octubre de 1960 tras la nacionalización de empresas estadounidenses en Cuba, se amplió a su forma total en febrero de 1962. Desde entonces, su renovación ha sido un trámite formal anual llevado a cabo por 13 administraciones estadounidenses.
La continuación del embargo sigue generando controversia tanto en Cuba como en la comunidad internacional, donde muchos argumentan que esta política ha agravado las dificultades económicas que enfrenta la población de la isla. A su vez, el régimen cubano ha utilizado esta situación para justificar su ineficiencia y falta de resultados.
