El cubano Luis Adrián Pupo García lleva más de 10 días detenido tras protagonizar una protesta pacífica contra los apagones que afectan a la población. A sus 35 años, Pupo, miembro de la Logia Masónica, ha sido formalmente acusado de desacato y desobediencia por su manifestación en un parque de La Maya, en Santiago de Cuba. La protesta, ocurrida el 18 de octubre, coincidió con el inicio del colapso total del Sistema Electroenergético Nacional, lo que resultó en un apagón masivo que dejó al 90% de la Isla sin electricidad.
Este no es el primer enfrentamiento de Pupo García con el gobierno. Desde marzo, cuando tuvo un intercambio directo con el presidente Miguel Díaz-Canel durante una visita a La Maya, las autoridades han estado vigilándolo. En aquel momento, Pupo cuestionó al mandatario diciéndole: “¿Usted sabía que, gracias a usted que venía hoy, nos pintaron La Maya hace una semana?”, un reclamo que no pasó desapercibido. Desde entonces, su vida ha estado bajo la observación constante de agentes de la Seguridad del Estado, que lo citan y vigilan de manera persistente. Su amigo y compañero de logia, Roberto Serrano, confirmó a Martí Noticias esta constante persecución, que considera una muestra de la impunidad con la que actúan las autoridades.
El día de su arresto en La Maya, Pupo García expresaba su descontento en el parque del pueblo, criticando públicamente al gobierno por su gestión de la crisis energética. Fue en ese momento que dos agentes intervinieron y lo detuvieron, llevándolo a una estación de policía donde fue encerrado en una celda y sufrió golpes por resistirse al maltrato de los oficiales. Las consecuencias de esta detención también afectaron a su familia: su madre no pudo verlo en las primeras 72 horas y, cuando finalmente logró visitarlo, encontró que su hijo aún mostraba secuelas físicas, especialmente en las rodillas.
Según Serrano, los cargos de desacato y desobediencia fueron fabricados al momento de la detención, un recurso comúnmente empleado por las autoridades para castigar a quienes se manifiestan. La organización Justicia 11J, que monitorea y documenta los casos de detenciones arbitrarias en la Isla, informó que hubo al menos 28 incidentes similares relacionados con protestas por los apagones entre el 18 y el 21 de octubre. Esta situación se da en un contexto donde el gobierno prioriza el restablecimiento eléctrico en La Habana, evitando así que la capital se convierta en un epicentro de protestas masivas.
Justicia 11J ha advertido que podría iniciarse una nueva ola de represión contra quienes participen en protestas públicas o expresen sus intenciones de hacerlo en redes sociales. En un comunicado, la entidad alertó sobre la posibilidad de nuevas detenciones arbitrarias. Frente a un panorama de creciente malestar social, muchos ciudadanos temen que las autoridades intensifiquen las medidas represivas para silenciar las voces disidentes y contener el descontento.
El caso de Luis Adrián Pupo García refleja el clima de tensión y las restricciones a la libertad de expresión en Cuba. La comunidad internacional y los grupos de derechos humanos siguen de cerca la situación, mientras que en la Isla, los cubanos continúan enfrentando los desafíos de vivir en medio de apagones y limitaciones.
