Un total de 19 personas han sido condenadas en Cuba por su participación en delitos de trata de menores entre 2022 y 2024, según un informe del diario oficialista Granma. Durante este período, se juzgaron 14 casos relacionados con este delito, todos ellos involucrando a niñas menores de edad como víctimas. Las sentencias impuestas a los acusados, que incluyen a 13 hombres y seis mujeres, van de tres a 20 años de prisión.
El informe destaca que la baja incidencia de estos delitos en el país se atribuye a las acciones preventivas y de combate implementadas por el Estado, así como a la inexistencia de redes delictivas organizadas. Este esfuerzo forma parte del Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento de la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas (2022-2024), que busca fortalecer las medidas de protección y sanción.
Cuba mantiene una política de «Tolerancia Cero» ante cualquier forma de trata de personas, y refuerza su cooperación con organizaciones internacionales como INTERPOL y la ONU. Además, se ha brindado atención especializada a las víctimas, especialmente a aquellos en situaciones de mayor vulnerabilidad, como niños y personas con discapacidad.
Sin embargo, un reciente informe del Departamento de Estado de EE. UU. indica que Cuba permanecerá en el nivel máximo de alerta (Nivel 3) por su falta de cumplimiento con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas. Este nivel indica que el gobierno cubano no solo no está realizando esfuerzos significativos para abordar este problema, sino que también mantiene prácticas que facilitan el trabajo forzoso.
Este mes de octubre, la administración del presidente Joe Biden incluyó a Cuba en la lista de países que no realizan «esfuerzos significativos» para frenar la trata de personas, anunciando sanciones contra el régimen comunista. Estas medidas permanecerán vigentes hasta que se observe un cambio en la actitud de las autoridades cubanas.
En mayo, al menos siete personas, incluidos cinco hombres y dos mujeres, fueron condenadas en Cuba por promocionar servicios para la obtención de documentos migratorios falsos y participar en actividades ilegales relacionadas con la trata de personas. Las sentencias varían de cinco a 28 años de prisión por delitos como tráfico de personas, falsificación de documentos y robo con violencia.
