El gobierno de Estados Unidos anunció que no renovará el parole humanitario que se había establecido por dos años para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Sin embargo, se continuará aceptando nuevas solicitudes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hizo pública esta decisión el viernes, aclarando que no se extenderá el parole humanitario para los migrantes que llegaron bajo este programa. En este sentido, los funcionarios explicaron que quienes han estado bajo este estatus recibirán información sobre cómo buscar un estatus legal a través de otros programas de inmigración.
Aquellos migrantes que no consigan regularizar su situación deberán salir del país o enfrentar procesos de deportación. “Los cubanos no tendrán muchos problemas porque pueden aplicar a la Ley de Ajuste después de un año y un día”, comentó el abogado Jesús Novo, especializado en inmigración.
En cuanto a los migrantes de Haití y Venezuela, el periódico The New York Times señaló que “tendrán la oportunidad de quedarse sin temor a ser deportados a través del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS)”. Por otro lado, el medio advirtió que “los migrantes que llegaron desde Nicaragua a través del programa podrían estar en una posición particularmente difícil”.
El programa de patrocinio fue implementado por la administración Biden en octubre de 2022, inicialmente para ciudadanos venezolanos, y se amplió en enero de 2023 para incluir a cubanos, haitianos y nicaragüenses. Hasta ahora, se estima que han llegado a Estados Unidos aproximadamente 214,000 haitianos, 117,000 venezolanos, 111,000 cubanos y 96,000 nicaragüenses bajo esta política, conocida como programa CHNV, sumando un total de cerca de 530,000 migrantes.
El primer grupo afectado por la no renovación será el de los venezolanos, cuyos permisos expiran este mes, mientras que los de cubanos, haitianos y nicaragüenses comenzarán a vencer en enero del próximo año. CBS News fue el primero en informar sobre la decisión de no renovar el parole humanitario para los venezolanos.
Esta medida forma parte de las políticas del presidente Biden para reducir la inmigración a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, el programa ha enfrentado críticas, especialmente en agosto, cuando el DHS lo suspendió temporalmente debido a fraudes en las aplicaciones. Tras su reanudación a finales de ese mes, el organismo implementó investigaciones más rigurosas sobre los patrocinadores en EE.UU. “para fortalecer la integridad de los procesos”.
Las nuevas regulaciones incluyen un mayor escrutinio de los antecedentes financieros y penales de los patrocinadores, así como una investigación adicional para detectar perfiles fraudulentos y métodos de revisión reforzados para identificar tendencias de solicitudes en serie.
