El Tribunal Provincial de Holguín ha condenado a cadena perpetua a tres de los cuatro cubanos implicados en el asesinato de Orlando Pérez Ardevel, un custodio de la Unidad Económica Industrial Forestal de Mayarí. Pérez, de 49 años, fue sorprendido por los delincuentes mientras intentaban robar baterías de varios vehículos estatales.
El cuarto implicado recibió una condena de 30 años de privación de libertad. Un reportaje del Noticiero Nacional de Televisión (NTV) informó que el crimen ocurrió en la zona conocida como Entronque Ocujal, a unos 25 kilómetros de Mayarí.
Según el informe oficial, el asesinato tuvo lugar cuando los delincuentes intentaron sustraer las baterías y el agente de seguridad los sorprendió. Aunque el reporte no especificó la fecha exacta del crimen, destacó que en menos de 48 horas se identificaron y detuvieron a los responsables, gracias al «apoyo incondicional del pueblo y al trabajo minucioso del Ministerio del Interior».
El reporte ensalzó las labores policiales, incluyendo un rastreo canino que ayudó a localizar un vehículo de tracción animal utilizado en el crimen. También se mencionaron otras técnicas periciales como huellas olorosas, químicas y biológicas, que resultaron clave en la investigación.
Mildrey Rodríguez Aguilera, fiscal del caso, destacó que se trató de “un hecho que tuvo una connotación social elevada”, por lo que se solicitaron las penas más severas contempladas en el Código Penal. Un familiar de la víctima, Osnel Ortiz Pérez, expresó su satisfacción con la resolución del caso: “Yo, y toda la familia, nos sentimos muy agradecidos por la colaboración del pueblo y de la Policía”.
A pesar de que en los últimos años muchos cubanos han pedido la pena de muerte para los responsables de asesinatos brutales, esta medida, aunque vigente, no se aplica desde 2003. Ese año se llevaron a cabo tres ejecuciones de jóvenes acusados de secuestrar una embarcación para intentar llegar a EE.UU., lo que generó una controversia internacional.
Desde entonces, las condenas a muerte han sido conmutadas por penas de prisión, incluyendo la cadena perpetua, y no se han registrado más ejecuciones. Aunque la moratoria sobre la pena capital se ha mantenido desde 2003, no se ha formalizado como una abolición. En 2022, el nuevo Código Penal amplió a 24 los delitos que pueden ser sancionados con la pena de muerte en Cuba, la mayoría de ellos con un enfoque político relacionado con el terrorismo y la seguridad del Estado.
