En una nueva ofensiva del Gobierno cubano para garantizar el cumplimiento de la bancarización obligatoria, estipulada por la Resolución Conjunta No. 93 de 2023 entre el Banco Central de Cuba (BCC) y el Ministerio de Comercio Interior (Mincin), se han cerrado 53 negocios por infringir las normativas establecidas.
Durante una campaña de verificación llevada a cabo del 2 al 6 de septiembre de 2024, Inalvis Smith Lubén, viceministra del Mincin, informó a la prensa oficialista que se enfocaron principalmente en el sector privado, representando el 71% de las acciones de control realizadas.
Se descubrió que muchos trabajadores por cuenta propia y Mipymes imponían un recargo del 10% sobre el monto total de la factura si el cliente optaba por pagar mediante medios electrónicos. Según Cubadebate, en un caso extremo en La Habana, un negocio privado incluso anunció el recargo públicamente como un aviso a sus clientes. Este recargo se considera una violación a la obligación de bancarización.
Las inspecciones revelaron 506 infracciones en los 1,767 establecimientos visitados. Como resultado, se impusieron 459 medidas, que incluyeron el cierre de 58 negocios, la retirada de 17 Autorizaciones Comerciales y multas por un total de 1,044,515 pesos cubanos (CUP).
El sector estatal aún enfrenta desafíos para cumplir con la bancarización decretada, ya que muchos establecimientos carecen de la infraestructura tecnológica necesaria para los pagos digitales. La Viceministra informó que se han identificado 342 zonas bancarizadas que cumplen con los requisitos para aceptar pagos electrónicos.
La Resolución 93, publicada en noviembre de 2023, exige que todos los establecimientos comerciales inscritos en el Registro Central Comercial, ya sea de manera temporal o permanente, cuenten con las facilidades para aceptar pagos electrónicos mediante pasarelas nacionales o terminales de punto de venta. Esta normativa se aplica tanto a empresas estatales, unidades presupuestadas, cooperativas, Mipymes, como a los trabajadores por cuenta propia. La Viceministra subrayó que es una obligación para todos los actores económicos cumplir con estas normativas para evitar sanciones.
Hace unos meses, el presidente designado Miguel Díaz-Canel reconoció el fracaso de la bancarización, atribuyéndolo a la falta de atención suficiente por parte del gobierno, que está ocupado con muchas otras tareas. Díaz-Canel mencionó que se han creado grupos de trabajo a nivel municipal con carácter intersectorial para abordar no solo la bancarización, sino también temas como el déficit presupuestario, la evasión fiscal y las relaciones entre el sector estatal y no estatal.
Sin embargo, según el presidente, la agenda oficialista parece estancada, lo que ha provocado una acumulación de problemas sin resolver.
