La reciente revelación de un proceso penal contra el General de Brigada Rodolfo Lores Guerra, quien hasta hace poco se desempeñaba como Segundo Jefe del Ejército Oriental, ha sacudido los cimientos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba. Según un informe difundido por LaTijera y reproducido por otros medios, las faltas graves cometidas por Lores Guerra han salido a la luz, exponiendo una red de corrupción y favoritismo que ha caracterizado su carrera militar.
En una sesión reciente del Tribunal de Honor Militar de Oficiales Superiores, los altos mandos de las FAR se reunieron para examinar los errores disciplinarios cometidos por Lores Guerra. Durante esta reunión, varios generales expresaron críticas contundentes hacia su trayectoria, señalando las numerosas veces en las que fue degradado solo para ser reincorporado posteriormente. Este ciclo de indulgencia contrasta marcadamente con la rigurosidad que se aplica a otros oficiales de menor rango.
Uno de los puntos más polémicos discutidos en la reunión fue el ascenso de Lores Guerra a Jefe de la Región Militar de Granma, a pesar de no haber completado el Colegio Operativo Estratégico (COE), un requisito obligatorio para cualquier oficial que aspire a ese puesto. Esta promoción irregular se atribuye a la influencia del General de División Riger, ex Jefe del Ejército Oriental y actual Jefe del Ejército Occidental, quien ha sido un firme protector de Lores Guerra a lo largo de su carrera.
Confiante en el respaldo de sus superiores, Lores Guerra llegó a presumir en círculos privados que sería nombrado Jefe del Ejército Oriental en 2024. No obstante, su reciente caída en desgracia pone en duda esa ambición y levanta interrogantes sobre las repercusiones de su conducta.
Uno de los aspectos más controvertidos en torno a Lores Guerra es la posesión de una lujosa mansión de seis habitaciones en una calle céntrica de Guantánamo, otorgada de forma gratuita por las FAR. Además, se han planteado serias dudas sobre el destino de un vehículo Geely que le fue asignado tras su ascenso a general, así como la construcción de una vivienda para su hija con materiales de origen dudoso.
A pesar de su suspensión, Lores Guerra no detuvo las mejoras en su residencia, valiéndose de una brigada de reclusos encabezada por Benjamín Arrúe Paisán, un exdirector que fue condenado por corrupción y malversación. Este hecho, que contó con la aprobación de los jefes de prisiones de Guantánamo, ha tenido repercusiones para Arrúe Paisán, quien fue devuelto a un régimen de internamiento y se le negó la libertad condicional. Mientras tanto, los militares implicados han permanecido impunes.
Más allá de los bienes ya mencionados, informes recientes señalan que a Lores Guerra se le han confiscado otros medios de transporte y equipos, como un microbús Jimbei y un Jeep de origen chino, además de turbinas, motores eléctricos, sistemas de riego y otros materiales desviados de su uso original. Estos hallazgos han agravado aún más su situación.
El desarrollo del proceso penal contra Lores Guerra es observado con atención, ya que algunas fuentes sugieren que podría recibir un castigo disciplinario en lugar de ser sometido a un juicio por un tribunal militar. Esta posibilidad resulta polémica, especialmente si se considera la dureza con la que él mismo procesó a decenas de oficiales por faltas menores durante su carrera.
En su última sesión, el Tribunal de Honor Militar dispuso la degradación de Lores Guerra, pero esta medida parece insuficiente. El general ha pasado por degradaciones similares en el pasado solo para ser promovido posteriormente a posiciones de mayor responsabilidad. La gravedad de sus acciones exige un castigo proporcional, coherente con la severidad con la que siempre trató a sus subordinados. Es tiempo de que Rodolfo Lores Guerra enfrente las consecuencias de sus actos y se haga justicia dentro de las FAR.
