El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) de Cuba llevó a cabo una nueva ofensiva contra el sector privado, cerrando negocios y retirando proyectos de trabajo de 368 «actores no estatales» entre el 17 y el 23 de agosto. Esta medida es parte de la continua cruzada del gobierno para controlar el sector privado.
En solo una semana, el gobierno ordenó el cierre de 171 establecimientos y la finalización de 197 proyectos de emprendedores privados. Además, se realizaron 58 decomisos de productos y 773 ventas forzosas por «violaciones detectadas».
El MFP explicó que las sanciones se debieron a problemas como «comercializar productos sin exhibir precios, no mostrar la legalidad de las materias primas utilizadas, no exhibir los códigos QR de las pasarelas de pago, y el empleo de personal sin la contratación adecuada», según reportó el diario oficialista Granma.
Estas “acciones de control” se han enfocado en detectar violaciones de precios, inspección fiscal y bancarización, en línea con la intensificación de la fiscalización del sector privado.
En particular, esta semana se identificaron violaciones relacionadas con el incumplimiento de los precios aprobados por el Comité de Contratación y Concertación de Precios y los establecidos en la Resolución 225/2024 del MFP. Esta normativa, en vigor desde julio, establece los precios minoristas de seis productos básicos de alta demanda: pollo troceado, aceite comestible (excepto de oliva), leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo.
Desde la implementación de esta normativa, las autoridades han aumentado los operativos de control en todo el país para detectar y sancionar las infracciones de precios en el sector no estatal.
El MFP también informó que hasta la fecha se han realizado 157,331 acciones de control fiscal, con adeudos acumulados de 2,999,390,000 pesos. Además, se llevaron a cabo 49 auditorías fiscales con un importe de 58,605,000 pesos y 2,772 operaciones de fiscalización por un total de 886,314,000 pesos.
En total, se supervisó el cumplimiento de las obligaciones de 154,510 contribuyentes, de los cuales 99,871 habían subdeclarado. A estos contribuyentes se les impuso una deuda de 2,054,471,000 pesos.
A mediados de julio, el primer ministro Manuel Marrero Cruz explicó que el objetivo del gobierno no era cerrar negocios indiscriminadamente, sino persuadir a los comerciantes a cumplir con las regulaciones establecidas. Sin embargo, con la reciente intensificación de la Resolución 225/2024, la campaña sobre el sector privado se ha vuelto más rigurosa.
Como resultado, la población ha informado sobre la «desaparición» de muchos productos con precios regulados de las ofertas de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). También persisten las quejas sobre las tiendas estatales en moneda libremente convertible (MLC), cuyos precios siguen siendo exorbitantes para la mayoría de los cubanos residentes en la isla.
Marrero Cruz había indicado en julio que los precios topados se establecieron para controlar el aumento desmedido de los precios, aunque reconoció que aún no reflejan adecuadamente la relación entre precios y salarios. También admitió que los precios en las tiendas MLC son iguales o superiores a los de las mipymes.
