El régimen cubano, a través del Consejo de Ministros, ha publicado este lunes el Decreto 107, que introduce nuevas restricciones para las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (Mipymes), cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia. Esta normativa reemplaza al Decreto 49 de 2021 y establece un total de 125 actividades prohibidas para estos actores económicos.
Entre las actividades ahora prohibidas se incluyen la fabricación de productos farmacéuticos, la intermediación financiera, la edición y maquetación de libros, la programación y transmisión de televisión, las telecomunicaciones, y diversas formas de transporte y almacenamiento. También quedan vetados sectores sensibles como la defensa, la seguridad pública y la administración de servicios sociales.
El Decreto 107 refleja la intención del régimen de mantener un control centralizado sobre áreas clave de la economía, aunque podría tener efectos negativos sobre el crecimiento económico, la generación de empleo y el bienestar social. El economista Pedro Monreal afirma que la normativa “confirma el arrinconamiento de la actividad privada y del mercado como parte de medidas estatales para supuestamente ‘corregir distorsiones y reimpulsar la economía’”.
Monreal critica que “el decreto 107/2024 amplía las prohibiciones y restricciones contenidas en la norma anterior (Decreto 49/2021), muchas de ellas derivadas de un razonamiento político estrecho y con cuestionable racionalidad económica”. El economista destaca que “casi la mitad de las prohibiciones (9 de 19) se concentran en dos sectores productivos clave – agropecuario e industria – que presentan severas limitaciones y repercuten directamente en las carencias materiales de los ciudadanos”.
Además, señala que “el 47,8% de las restricciones se concentran en el comercio, una actividad que ha funcionado como un ‘salvavidas’ en la actual crisis”. Monreal también resalta que “una tercera parte de las prohibiciones (6 de 9) se establecen para actividades intensivas en capital humano, como la enseñanza y las artes”.
El impacto del Decreto 107 podría limitar la capacidad de innovación y expansión del sector privado en Cuba. La nueva normativa presenta un desafío significativo para el desarrollo económico y social, al restringir la diversificación de iniciativas en sectores estratégicos y potencialmente beneficiosos.
Miguel Díaz-Canel, presidente cubano, ha subrayado el nuevo enfoque del régimen hacia una mayor regulación y control. Durante su discurso en julio, Díaz-Canel afirmó que “¡es hora de pasar a la acción!” y destacó la necesidad de imponer medidas más estrictas para los “nuevos actores económicos”. En su discurso de clausura del tercer período ordinario de sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), enfatizó que el gobierno debe “superar los diagnósticos y pasar a las acciones”.
A pesar de negar que se trate de una “cacería de brujas”, Díaz-Canel ha ratificado su intención de controlar la actividad de las Mipymes y otros actores económicos. El presidente advirtió que “no hay ni habrá una cacería de brujas contra las Mipymes privadas”, pero que “el enfrentamiento será contra el descontrol, las ilegalidades, las evasiones tributarias, la especulación y el fraude”.
El proceso de “ordenamiento” ha resultado en la revocación de la licencia de importación para casi un tercio de los negocios privados, debido a bajo nivel de actividad y mal desempeño. El primer ministro Manuel Marrero Cruz informó que se han detectado más de 4,000 violaciones y se han impuesto multas que superan los 13 millones de pesos a Mipymes. Estas violaciones incluyen la ocultación de productos y la venta a precios no regulados.
La reciente implementación del Decreto 107 y las nuevas restricciones pueden aumentar la incertidumbre entre los emprendedores cubanos, limitando las oportunidades de inversión, innovación y expansión en el sector privado.
