La barrera flotante situada en el Río Grande, destinada a disuadir a los migrantes de intentar cruzar desde México a Texas, puede permanecer por ahora. Esta decisión fue dictaminada recientemente por un tribunal federal de apelaciones, marcando un nuevo capítulo en la compleja dinámica de la política migratoria en la frontera sur de Estados Unidos.
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos revocó la decisión anterior de un panel del tribunal que había ordenado retirar la barrera. Este fallo representa el último avance en el prolongado enfrentamiento entre el estado de Texas y la administración del presidente Joe Biden sobre la gestión de la inmigración en la frontera con México.
En diciembre pasado, un panel dividido del Quinto Circuito apoyó a un juez federal de distrito en Texas que había dictaminado que se debían quitar las boyas. Sin embargo, el tribunal de apelaciones en pleno decidió esta semana que, en aquel momento, el tribunal abusó de su discreción al otorgar la orden judicial preliminar, permitiendo así que la barrera permanezca en su lugar.
La demanda más amplia en el tribunal de distrito está programada para un juicio que comenzará el 6 de agosto. La administración Biden acusa a Texas de violar la Ley Federal de Ríos y Puertos, un punto crucial en el debate sobre la legalidad de la barrera. Vanita Gupta, fiscal general asociada, afirmó que Texas “violó la ley federal” y advirtió sobre los riesgos de dañar la política exterior estadounidense con esta medida.
La barrera, formada por un grupo de boyas conectadas y ancladas en concreto, se extiende a lo largo de tres campos de fútbol en uno de los puntos más concurridos para los cruces fronterizos ilegales. Fue instalada a lo largo de la frontera internacional con México, entre la ciudad fronteriza texana de Eagle Pass y Piedras Negras, Coahuila.
El Departamento de Justicia había solicitado a un tribunal federal que ordenara a Texas retirar las boyas, argumentando que la barrera plantea preocupaciones humanitarias y ambientales significativas a lo largo de la frontera internacional. Estas preocupaciones incluyen el potencial peligro para los migrantes que intentan cruzar y el impacto en el ecosistema del río.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha rechazado la demanda enérgicamente. Abbott, respaldado por sus aliados conservadores, defiende la barrera como una medida necesaria para proteger la soberanía estatal y abordar la crisis migratoria de manera más agresiva. Sus partidarios ven este caso como una oportunidad para empoderar a los estados en la adopción de medidas de inmigración más estrictas.
