Durante el primer semestre de 2024, las autoridades cubanas impusieron un total de 753,056 multas, acumulando un valor de 944 millones de pesos, según informó el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP). Aunque esta cifra representa 82,226 multas menos que en el mismo periodo de 2023, se ha visto un aumento en los ingresos por multas debido al incremento en el monto de las sanciones, que ha crecido un 44% en comparación con el año anterior.
La directora de multas del MFP, Heidi Bas Sosa, destacó que el 83% de las multas fueron emitidas por las direcciones de inspección de los Consejos de la Administración Municipal, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Pública. Además, celebró un aumento en la eficacia del cobro de sanciones, alcanzando un 86.9%, un incremento del 1.7% respecto al mismo periodo del año anterior.
Las cifras indican que aproximadamente 62,000 multas se relacionan con contravenciones, mientras que más de 75,000 son por infracciones de tránsito, generando ingresos superiores a 87 millones de pesos solo en esta última categoría.
Los emprendedores cubanos han expresado su descontento ante la creciente cantidad de multas impuestas por inspectores por diversas razones, evidenciando una tendencia de represión. Las sanciones pueden incluir desde prohibiciones de salida del país para quienes no declaran sus ingresos, hasta largas condenas de cárcel.
Un caso reciente en Cienfuegos destaca la severidad del sistema, donde un cuentapropista fue condenado a cinco años de cárcel por agredir a inspectores que le impusieron una multa por sobrepasar los precios máximos aprobados por el gobierno.
El gobierno ha intensificado su control sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), justificando estas acciones como una respuesta a los altos costos de los alimentos y culpando a los emprendedores. En julio, se impusieron multas por más de 30 millones de pesos relacionadas con el incumplimiento de precios topados.
Sin embargo, estas sanciones no se aplican de manera uniforme, especialmente en los mercados estatales, como las tiendas en dólares operadas por el conglomerado militar GAESA, cuyos precios a menudo superan el doble de los del sector no estatal.
Además de las multas, las autoridades han implementado medidas como ventas forzosas de productos, la suspensión temporal de permisos de operación y el decomiso de mercancías. A pesar de que la campaña de control se ha centrado en MIPYMES y en productos de primera necesidad, ha afectado a otros actores económicos, incluyendo vendedores de productos agropecuarios y carretilleros, lo que ha llevado a denuncias de extorsión y sobornos en el contexto de la represión económica.
