El periódico Granma, reconocido como el principal portavoz del régimen cubano, publicó un artículo el miércoles que envió un claro mensaje a quienes se dedican a la compra y venta de divisas. En este artículo, se enfatizó que esta actividad no solo se considera un delito penado por la ley, sino que también puede resultar en la pérdida total del dinero involucrado. Esto refleja la postura rígida del gobierno en su intento de controlar las transacciones económicas que llevan a cabo sus ciudadanos.
En la edición digital del periódico, se arremetió contra aquellos que participan en el intercambio de monedas nacionales por extranjeras. Se argumentó que estas acciones “impactan negativamente el sistema económico del país”. Además, se destacó que cada transacción que involucra la venta, cesión, transmisión o adquisición de moneda extranjera “es considerada ilegal y se clasifica como un delito”.
Granma advirtió a la población que no existe un “mercado informal” para la compra y venta de divisas, sino que lo que realmente se presenta es un delito que “se aprovecha de las facilidades que ofrecen las redes sociales para llevar a cabo la oferta, compra, venta y cambio de monedas nacionales y divisas extranjeras”. Esta afirmación parece ignorar el contexto de la crisis económica que enfrenta el país y, más bien, se dirige a desviar la atención hacia las actividades de los ciudadanos.
El artículo también lanzó críticas específicas hacia la plataforma El Toque, al describirla como “un indicador del mercado ilegal” que, supuestamente, tiene como objetivo “perjudicar la economía, generar un impacto adverso en la escala monetaria del país y deteriorar las condiciones de vida de los cubanos”. Esta acusación revela un intento del gobierno de culpar a terceros de la crisis económica, evitando la autocrítica sobre su papel en la situación actual.
Asimismo, el artículo de Granma recalcó el marco legal que regula la actividad económica, instando a la ciudadanía a cesar sus operaciones en el mercado de divisas. Se mencionaron los incisos a) y c) del Artículo 11 del Decreto-Ley No. 361, del 14 de septiembre de 2018, en el que se señala que el Banco Central de Cuba (BCC) es responsable de proponer “las políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria, coordinando sus diseños y alcances con los objetivos de la política fiscal”. Esto implica que el gobierno se reserva el control absoluto sobre la economía, limitando la libertad de acción de los ciudadanos.
Además, se destacó que, según la Resolución No. 177, de 26 de noviembre de 2020, el Banco tiene la obligación de establecer “la tasa de cambio del peso cubano frente a las monedas extranjeras”. Esta información subraya el monopolio del Estado sobre el cambio de divisas, lo cual es otro elemento que restringe la libertad económica de los ciudadanos cubanos.
El artículo de Granma también hizo hincapié en que, en Cuba, la Ley No. 151, del 15 de mayo de 2022, que rige el Código Penal vigente, clasifica como delito las acciones de “vender, ceder, transmitir o adquirir moneda extranjera”. En este sentido, se mencionó que tales acciones “pueden ser sancionadas con privación de libertad de dos a cinco años, o con una multa que oscila entre quinientas a mil cuotas, o con ambas”. Esto revela la seriedad con la que el régimen se toma las actividades económicas informales y establece un ambiente de miedo entre los ciudadanos.
Para agravar la situación, el artículo advirtió que quienes se aventuren en la compra y venta de divisas pueden ser acusados de falsificación de moneda, como se estipula en el artículo 330.1 d) de la Ley No. 151 de 2022. Esta acusación se da en el contexto de que, si una persona recibe moneda falsa durante una transacción y la utiliza, puede ser considerada culpable de un delito grave.
Recientemente, la policía cubana llevó a cabo una operación en la que desarticuló una red dedicada a las estafas en la compraventa ilegal de divisas en Santa Clara, Villa Clara. En esta operación se detuvo a cuatro mujeres que, presuntamente, habían realizado más de 15 operaciones fraudulentas, cada una de las cuales involucraba montos que oscilaban entre 800,000 y más de 1,000,000 de pesos cubanos. Esta información fue confirmada por el teniente coronel Héctor de la Fe Freire, jefe del Ministerio del Interior (MININT) en esa región central del país.
En otro caso, en febrero, se arrestaron a dos cubanos por su participación en estafas relacionadas con la venta ilegal de divisas, también en Santa Clara. Estas acciones reflejan un esfuerzo por parte de las autoridades para combatir las irregularidades en el manejo de divisas, pero también generan dudas sobre la eficacia del sistema judicial y la percepción de justicia en el país.
Además, en un incidente reciente, un matrimonio fue víctima de un engaño tras contactar a supuestos comerciantes de divisas a través de redes sociales. Este tipo de estafas pone de relieve la vulnerabilidad de los ciudadanos cubanos en un contexto donde las oportunidades económicas son escasas y los riesgos asociados a las transacciones en el mercado negro son elevados.
El artículo de Granma parece actuar como un intento de intimidar a la población, reforzando la narrativa del régimen de que todos los problemas económicos son consecuencia de actividades ilegales y no de decisiones políticas. Esta estrategia de desvío de responsabilidad se ha convertido en un elemento común en la comunicación oficial, donde el gobierno evita reconocer su propio papel en la crisis que enfrenta el país.
A medida que la economía cubana sigue enfrentando retos significativos, el artículo de Granma muestra una tendencia a culpar a los ciudadanos por la situación, en lugar de abordar las causas fundamentales que han llevado a la inestabilidad económica. El control estricto del gobierno sobre las transacciones de divisas y la criminalización de la economía informal son parte de un enfoque más amplio que busca mantener el poder y el control sobre la población.
La narrativa del gobierno, en la que se presenta a la compra y venta de divisas como un acto criminal, también oculta la realidad de que muchos cubanos recurren a estas actividades como una forma de supervivencia en un entorno económico hostil. Las restricciones impuestas por el régimen, junto con la falta de opciones viables, empujan a los ciudadanos a participar en un mercado negro que, a pesar de ser ilegal, representa su única esperanza de mejorar su situación.
