El tribunal provincial de Cienfuegos ha sancionado a un vendedor de productos agrícolas a cinco años de cárcel por violar la política de precios topados, establecida por el régimen castrista. Este caso ha generado gran controversia y debate entre los ciudadanos y las autoridades.
Según una información del periodista oficialista Jesús Álvarez López, el cuentapropista, identificado como Leonardo, fue sorprendido por uno de los más de siete mil inspectores que el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) ha desplegado por todo el país. Leonardo agredió físicamente a dos inspectores cuando iban a multarlo por vender sus productos a precios superiores a los establecidos por el gobierno.
“Le propinó dos golpes por la cara a la inspectora, y ante esta situación intervino otro de los inspectores que se encontraba presente, a quien también agredió auxiliado de una de las pesas de la báscula de una balanza. Con esto le provocó lesiones que, aunque no pusieron en peligro su vida, requirieron asistencia médica para su curación”, relata el testimonio.
Por este acto violento, Leonardo fue condenado a cinco años de cárcel. Además, no se libró de la multa ni del decomiso de los productos que comercializaba por encima de los precios fijados por el MFP. Este caso ha puesto en evidencia las tensiones existentes entre los cuentapropistas y las autoridades en Cuba.
La violencia es un acto repudiable en todas sus formas, pero resulta paradójico que esos inspectores no pongan multas en las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC), donde se venden artículos de primera necesidad a precios exorbitantes y en una moneda a la que no tienen acceso los trabajadores que cobran míseros salarios y pensiones en pesos cubanos (CUP).
Mientras esto sucede, los propagandistas del régimen piden mano dura contra los trabajadores por cuenta propia y las Mipymes que importan productos para abastecer el mercado interno. Jesús Álvarez López, un simpatizante del comunismo, expresó: “No le basta con abusar del pueblo con sus altísimos precios y agrede alevosamente a quienes nos protegen del abuso. Mano dura contra los violadores”.
La viceministra del MFP, Lourdes Rodríguez Ruiz, aseguró que las 56.740 multas impuestas por el decreto ley 30, ‘Contravenciones personales por violar la política de precios y tarifas’, todavía resultan “insuficientes”. Por lo tanto, más allá de otras acciones para contener la galopante inflación en Cuba, se deben imponer más multas.
Las directivas del Consejo de Ministros para el enfrentamiento a precios abusivos y especulativos incluyen multas con cuantías de hasta 15.000 pesos cubanos (CUP) a quienes excedan los rangos razonables en el comercio minorista. Sin embargo, en Cienfuegos, de las 196 plazas de inspectores disponibles para la política de precios, actualmente solo 88 están ocupadas. Esto significa que el 55% de las plazas están vacantes debido a los bajos salarios y al éxodo masivo de la población hacia el sector privado o la emigración a otros países.
