En la última noche del Carnaval de Santiago de Cuba, surgieron serias acusaciones contra los inspectores estatales, quienes supuestamente han estado extorsionando a vendedores del sector privado. Este escándalo, que ha captado la atención de la opinión pública, pone de manifiesto los problemas de corrupción y abuso de poder en el sistema de inspección estatal.
Las denuncias fueron recopiladas por el periodista independiente Yosmany Mayeta, quien ha estado al tanto de la situación a través de testimonios de cuentapropistas afectados. Según las denuncias, los inspectores impusieron multas exorbitantes a los vendedores que operan en kioscos y puntos de venta de cerveza dispensada. Se alega que los inspectores exigieron sobornos a los vendedores para evitar sanciones y poder continuar con sus actividades. Esta práctica, aparentemente habitual, ha generado una creciente indignación entre los emprendedores y la comunidad en general.
Los vendedores han compartido sus experiencias, revelando un patrón preocupante. Algunos afirmaron que los inspectores imponen multas que pueden alcanzar los 8,000 pesos por infracciones mínimas, lo que representa una carga financiera devastadora para estos pequeños empresarios. Un cuentapropista del Distrito José Martí expresó: «Nos dijeron que le dejáramos caer algo para ellos hacerse los de la vista gorda». Este tipo de comentarios reflejan un clima de temor y desesperación entre aquellos que intentan ganarse la vida en un entorno económico difícil.
La publicación de Mayeta en redes sociales incluye un video que muestra a los inspectores aplicando medidas a los vendedores en plena noche, lo que ha causado paradas en las ventas y molestias entre los ciudadanos que solo deseaban disfrutar de la festividad. La situación ha sido interpretada como un ataque directo a la economía informal, afectando tanto a los pequeños empresarios como a los consumidores que anhelaban disfrutar del carnaval sin interrupciones ni abusos.
Este incidente pone en evidencia la corrupción que persiste dentro del sistema de inspección estatal en Cuba. A medida que los pequeños empresarios intentan adaptarse y prosperar en un entorno complicado, son cada vez más vulnerables a abusos que socavan sus esfuerzos. La indignación y los reclamos de justicia entre los afectados resaltan la necesidad de un cambio en la manera en que se lleva a cabo la supervisión y el control de los negocios privados.
El gobierno cubano ha intensificado el control sobre los cuentapropistas, aunque desde las autoridades se niega que haya una cruzada contra los negocios privados. Sin embargo, esta narrativa choca con la realidad que enfrentan muchos emprendedores. La presión que sienten por parte de los inspectores es cada vez más evidente, y las declaraciones de los funcionarios no logran mitigar el descontento que se ha generado en el sector.
Recientemente, el primer ministro Manuel Marrero Cruz hizo un llamado a los actores no estatales para que piensen menos en sus ganancias y contribuyan más a la sociedad. «No estamos para cerrarlos», afirmó, aunque también insistió en que no se permitirá el enriquecimiento desmedido. Esta declaración ha sido interpretada por muchos como una contradicción, dado que el entorno actual es uno en el que las oportunidades para los pequeños empresarios son limitadas y a menudo sofocadas por regulaciones y medidas arbitrarias.
