La jueza Melody González Pedraza, actualmente detenida por las autoridades migratorias en Estados Unidos, condenó a prisión a cuatro jóvenes cubanos. Estos jóvenes ahora tendrán la oportunidad de apelar su sentencia, después de que la jueza reconociera la injusticia del veredicto. Este giro inesperado ha puesto de nuevo bajo la lupa el sistema judicial cubano y las circunstancias en torno a la condena de estos jóvenes.
El Tribunal Popular Provincial de Villa Clara admitió esta semana la apelación de la sentencia dictada contra los jóvenes. La jueza González Pedraza, que se encuentra en una cárcel de inmigración pidiendo asilo en el sur de Florida, firmó sentencias de tres y cuatro años de prisión contra ellos. Esta admisión de la apelación representa una esperanza para los condenados y sus familias, quienes han luchado por la justicia desde el veredicto inicial.
“El tribunal dispone la celebración de la vista de apelación de la causa número 2 de 2024 de la radicación del Tribunal Municipal Popular de Encrucijada a las 09.00 de la mañana del día 9 de agosto de 2024 en la Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado en función penal del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, con la reproducción de todas las pruebas que fueron practicadas en el juicio de primera instancia”, asegura la sentencia a la que Martí Noticias tuvo acceso. Este nuevo juicio será crucial para revisar las pruebas y testimonios que llevaron a la condena inicial.
Además, se ordenó la declaración de varios testigos y la presentación de los acusados, fiscales y defensores. Esto permitirá una revisión exhaustiva del caso y podría desenmascarar cualquier irregularidad cometida durante el juicio original. Las organizaciones de derechos humanos están observando de cerca este proceso, esperando que se haga justicia.
González Pedraza sentenció a los jóvenes por lanzar cócteles molotov contra un jeep y viviendas de los jefes de la policía y la Seguridad del Estado en Encrucijada el 18 de noviembre de 2022. Andy Gabriel González Fuentes, Eddy Daniel Rodríguez Pérez y Luis Ernesto Medina Pedraza fueron condenados a cuatro años de prisión, mientras que Adain Barreiro Pérez recibió una condena de tres años, todos por el delito de atentado. Las severas penas impuestas han sido objeto de crítica tanto dentro como fuera de Cuba.
Las pruebas en el juicio original se basaron en la retractación de una confesión y testimonios de la Seguridad del Estado. Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado la falta de garantías para un debido proceso en Cuba. La jueza González Pedraza, tras condenar a los jóvenes, viajó a EE.UU. beneficiaria del programa de Parole Humanitario. Al ser rechazada su entrada por violaciones a los derechos humanos, pidió asilo y espera una audiencia frente a un juez de inmigración.
González Pedraza confesó que fue presionada para encarcelar a los jóvenes, lo que ha llevado a diversas organizaciones de derechos humanos a pedir su liberación incondicional. Esta confesión es un elemento clave que podría influir significativamente en la apelación y el futuro de los jóvenes condenados.
Santiago Alpízar, abogado y director de Cuba Demanda, una ONG enfocada en promover una transición democrática en Cuba, expresó la importancia de examinar cuidadosamente las pruebas de descargo presentadas en el juicio. Mencionó inconsistencias como la existencia de dos caligrafías en una confesión y testimonios que aseguran que al menos dos de los acusados no estaban en el país el día de los hechos. Estas inconsistencias son fundamentales para la defensa y podrían cambiar el curso del caso.
Alpízar mostró preocupación por la posibilidad de que el Tribunal Provincial de Villa Clara ratifique la condena, a pesar de las pruebas presentadas y el esfuerzo de la defensa. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continuarán vigilando de cerca este proceso, esperando que finalmente se haga justicia para estos jóvenes.
