“¡Es hora de pasar a la acción!”. Con esta frase, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel confirmó un cambio en la política económica del régimen cubano, reafirmando su intención de someter la actividad de los “nuevos actores económicos” a las directrices estatales y a la planificación centralizada de la economía.
Durante su discurso de clausura del tercer período ordinario de sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Díaz-Canel declaró: “Es hora de superar los diagnósticos y pasar a las acciones”. Este llamado a la acción señala el fin del “debate e intercambio” con los propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) sobre la necesidad de topar precios a productos de primera necesidad que el Estado no puede vender a través de la canasta familiar normada.
A pesar de insistir en que el gobierno no ha iniciado una “cacería de brujas” contra las Mipymes, Díaz-Canel subrayó la necesidad de controlar la actividad comercial de estos “nuevos actores” que él mismo había promovido. “En cuanto a nuestras responsabilidades en el ámbito incierto y complejo de la economía, es preciso reconocer que en el afán por cumplir con los lineamientos de la política económica y social del VIII Congreso del Partido, al destrabar procesos e impulsar la formación de Mipymes, no se fue lo debidamente firme en la exigencia de crear bases normativas suficientemente robustas e integrales para conducir al funcionamiento de esta forma de gestión que ya operaban en la economía, pero sin un reconocimiento formal”, señaló.
El gobernante argumentó que la falta de regulación de las Mipymes ha provocado un caos en la economía cubana, disparando la inflación y acentuando la desigualdad en el país. Por eso, enfatizó: “Debemos hacer que se cumpla lo aprobado, definiendo bien los objetivos, preparando mejor a los ejecutores de cada medida, propiciando el aseguramiento político, comunicacional, material y financiero, ordenando las acciones con un cronograma de implementación para que no se queden en el discurso. Y sobre todo, ejercer el control sobre las correcciones y los ajustes con la retroalimentación necesaria”.
Díaz-Canel destacó que muchos de estos negocios no han respondido a la confianza del Estado con la honestidad y la transparencia requeridas. “Los controles posteriores han demostrado que muchos de esos negocios no respondieron a la confianza del Estado con la honestidad y la transparencia que demanda y exige una sociedad mínimamente organizada. En consecuencia, ningún violador del fisco y la legalidad en general puede cuestionar las exigencias derivadas del análisis de los errores y distorsiones del proceso. Como se ha dicho en estos momentos, deberán prevalecer la ley y el orden si queremos que triunfen y se fortalezcan todas las formas de gestión de la economía”, añadió.
La nueva consigna del régimen, “Es hora de pasar a la acción”, busca tranquilizar a los nacientes empresarios, asegurando que no hay ni habrá una cacería de brujas contra las Mipymes privadas. Sin embargo, Díaz-Canel insistió en que “el enfrentamiento será contra el descontrol, las ilegalidades, las evasiones tributarias, la especulación y el fraude vengan de donde vengan, sean no estatales o estatales las empresas”. Este enfoque se enmarca en la batalla del régimen contra la ilegalidad, no contra las formas de propiedad y gestión.
Recientemente, Díaz-Canel reiteró en una reunión del Consejo de Ministros la centralidad del modelo socialista en la economía de Cuba, recordando que “todos estamos para salvar la Revolución y el socialismo”. En su informe a la Comisión Económica de la ANPP, el gobernante anunció un plan de “ordenamiento” para los sectores privado y estatal, criticando la “manera irresponsable” en que algunas instituciones se conducen.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció la retirada de la licencia de importación a casi un tercio de los negocios privados autorizados. “Se decidió cerrar esta facultad a 24 de las 73 empresas aprobadas para importar, por bajo nivel de actividad y mal trabajo”, afirmó Marrero Cruz, justificando la medida por los numerosos errores y barbaridades detectados en el análisis del Ministerio de Comercio Exterior.
En días recientes, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, advirtió a los dueños de las Mipymes sobre la gravedad de ocultar mercancía y no venderla a la población, calificando estas acciones como delitos graves. En un operativo intensivo realizado entre el 12 y 13 de julio, el gobierno clausuró 53 negocios privados tras llevar a cabo 891 inspecciones en todo el país, detectando más de 4,000 violaciones y aplicando multas que superan los 13 millones de pesos.
Marrero Cruz informó que las principales infracciones detectadas incluyen la ocultación de productos tras el tope de precios implantado por el gobierno y la venta de bienes a precios no regulados. Estas medidas reflejan la voluntad del régimen de imponer un control estricto sobre la economía, reafirmando la primacía del Estado en la regulación y planificación de la actividad económica en Cuba.
