El Parlamento cubano ha aprobado recientemente una nueva Ley de Migración en un contexto donde más de dos millones de cubanos han viajado al exterior desde 2013. La ley fue presentada por el primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (MININT), quien afirmó que esta actualización legislativa busca alinear las normas migratorias con las actuales condiciones de Cuba y los preceptos constitucionales vigentes.
Una de las reformas más significativas de esta nueva ley es la eliminación del límite de 24 meses para la estancia en el exterior sin perder la residencia en Cuba, una medida que estaba en moratoria desde la pandemia de COVID-19. Esta reforma facilita el regreso al país de aquellos que residen en el extranjero, permitiéndoles mantener su residencia en Cuba sin restricciones temporales.
El coronel Méndez destacó que las principales ciudadanías de cubanos en el exterior son la estadounidense y la española, aunque las mayores comunidades de cubanos se encuentran en Estados Unidos, España y México. Además, subrayó un aspecto relevante de la ley: el desarrollo del concepto de «residencia efectiva migratoria». Este término se refiere a la condición que tienen los cubanos que participan en el proceso migratorio y los extranjeros residentes en Cuba, siempre que acumulen la mayor parte de su tiempo en el territorio nacional en el año anterior a la solicitud.
Según Méndez, «la persona interesada que no alcance el período de tiempo establecido, puede solicitar la residencia efectiva migratoria si acredita su arraigo en el país mediante la combinación de un período de permanencia en el territorio nacional con otras evidencias o actos que demuestren su interés de residir en él».
El gobierno cubano asegura que con esta ley pretende fortalecer los vínculos con sus ciudadanos residentes en el extranjero y adoptar mejores prácticas internacionales en la atención al migrante. Sin embargo, la nueva normativa incluye categorías como «persona de interés público» y «razones de defensa y seguridad nacional», que el Estado utiliza para impedir que opositores, periodistas independientes, activistas y ciertos profesionales, como los médicos, puedan salir o entrar al país, designándolos como «regulados».
La nueva ley se aplica tanto a ciudadanos cubanos como a extranjeros en territorio nacional, así como a diversas entidades y organismos del Estado y actores económicos. Los principios que rigen esta normativa incluyen la integración, igualdad, equidad, no discriminación, orden público, defensa y seguridad nacional, y cooperación internacional.
Los objetivos de la política migratoria son: garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, promover el retorno de los cubanos con condiciones para hacerlo, incentivar la participación de los residentes en el exterior en el modelo económico cubano y mantener estándares internacionales en la gestión migratoria.
El Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía, será la autoridad encargada de ejecutar y controlar la política migratoria. El Ministerio de Relaciones Exteriores se encargará de proporcionar asistencia consular a los ciudadanos cubanos en el exterior.
La ley define las categorías migratorias para ciudadanos cubanos y extranjeros, establece los derechos de los cubanos en materia migratoria y regula la residencia efectiva migratoria. Además, insiste en la prevención de la migración irregular y en la protección de los migrantes y víctimas de trata y tráfico ilícito de personas.
Esta nueva Ley establece los requisitos para renunciar a la ciudadanía cubana, que incluyen ser mayor de 18 años, tener otra ciudadanía, estar en el extranjero, no poseer deudas con el Estado cubano y no estar cumpliendo una sentencia penal.
El gobierno cubano asegura que esta nueva normativa busca modernizar y adecuar la legislación migratoria a las condiciones actuales, fortalecer los vínculos con la diáspora cubana y garantizar una migración ordenada y segura conforme a los estándares internacionales. Sin embargo, la implementación y el cumplimiento de estos objetivos y promesas son inciertos, dada la tendencia del régimen a violar los derechos de sus ciudadanos.
