A tan solo seis meses del inicio del paquetazo económico diseñado por el Gobierno cubano para «corregir distorsiones», un término que oculta la realidad del aumento de precios y tarifas generalizadas, el primer ministro Manuel Marrero ha anunciado una nueva serie de ajustes que presagian una profundización de la dolarización en la economía de la isla. En su intervención durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en La Habana, Marrero dio a conocer la aprobación de un «nuevo mecanismo para la asignación y gestión de las divisas», el cual reemplaza a la Resolución 115/2020 del Ministerio de Economía y Planificación.
El primer ministro detalló que las nuevas medidas incluyen, entre otras cosas, el cobro de aranceles en divisas para las importaciones del sector no estatal, en lugar de hacerlo en pesos cubanos. Esta medida incrementará aún más los precios de los productos que comercializan las MIPYMES, que ya resultan inalcanzables para muchos cubanos. Además, se implementará de manera gradual y selectiva el cobro en divisas para los servicios portuarios y se permitirá el uso de efectivo en divisas en ciertos sectores y actividades, como el turismo.
En su intervención, Marrero destacó que, durante la reunión de diciembre de la ANPP, las autoridades habían pedido el fin del mercado informal de divisas. Sin embargo, el reciente establecimiento de un tope de precios para seis productos de alta demanda en el sector privado tomó en consideración el valor del canje de divisa que este mercado ofrece. Según el primer ministro, el «redimensionamiento del mercado cambiario» debe llevarse a cabo de manera gradual para reducir la brecha cambiaria en la economía y administrar los desequilibrios. «Ir directamente a una nueva tasa de cambio traería consigo una devaluación del peso y un impacto no deseado en la inflación, los precios y los bajos salarios», explicó Marrero.
El funcionario subrayó que, con el objetivo de crear las condiciones necesarias para una transición efectiva, se deben implementar varias medidas, tales como recoger el exceso de circulante de pesos, avanzar en la dolarización parcial de la economía y fomentar el proceso de bancarización, así como aumentar la recaudación tributaria y fiscal. Marrero añadió que, aunque el Gobierno no cuenta con un «mercado cambiario que permita vender divisas», se introducirá gradualmente un nuevo tipo de cambio para evitar una mayor «devaluación» y un efecto adverso en la inflación.
Entre las decisiones adicionales anunciadas por Marrero, se establece que todas las transacciones dentro de la economía se realizarán en pesos cubanos, salvo en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, las entidades autorizadas de comercio minorista y mayorista que operan en moneda extranjera (incluidas las tiendas en MLC del conglomerado militar GAESA), entidades extranjeras y otras aprobadas. También se implementará el «saneamiento de las cuentas en divisas de las entidades estatales» y se aprobarán «esquemas cerrados de financiamiento para los exportadores», con el fin de «restaurar el orden y la disciplina».
Respecto a las medidas contra el sector privado, Marrero informó que hay 159.306 cuentas bancarias fiscales pendientes de apertura, y que se han impuesto 1.831 multas, 115 regulaciones migratorias, 127 solicitudes de retiro temporal de la autorización para ejercer la actividad y 24 solicitudes de retiro definitivo. Además, anunció que 24 de las 73 empresas autorizadas para importar a las formas de gestión no estatal perderán ese permiso debido a su «bajo nivel de actividad y mal funcionamiento». Solo las MIPYMES que presenten su certificado de no adeudo fiscal podrán beneficiarse de la importación.
Los cobros y pagos de las entidades no estatales deberán realizarse a través de cuentas en bancos cubanos, y todas las entidades deberán declarar el origen de sus fondos. Marrero expresó su preocupación por la «baja aplicación del pago digital en los mercados agropecuarios» y señaló que, en aquellos mercados donde se utiliza, no se incentiva suficientemente su uso. Informó que los bancos están aplicando bloqueos de cuentas y suspensión de los servicios bancarios a quienes no cumplan con las normas de la bancarización o las violen.
En cuanto a los subsidios en el presupuesto estatal para 2024, Marrero indicó que ascienden a 63.000 millones de pesos, de los cuales alrededor del 80% se destinan a productos de la libreta de racionamiento y a la energía eléctrica. También comentó que, tras el incremento de la tarifa eléctrica a principios de año en un 25% para los consumidores que excedan los 500 kWh, «no se ha logrado el ahorro esperado», por lo que «se estudian nuevas medidas». Además, anunció que se está trabajando en la «actualización del costo de la canasta familiar normada», lo que implicará un aumento de precios en las entregas racionadas, que ya habían sido encarecidas con el paquetazo de la Tarea Ordenamiento en 2021.
Los recientes anuncios de Marrero coinciden con la presentación, realizada el martes pasado por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) de Cuba, de una propuesta para «actualizar» la política tributaria. Esta propuesta incluye una nueva serie de impuestos que afectarán tanto a las MIPYMES como a las familias cubanas. Durante la explicación de la propuesta en la Comisión de Asuntos Económicos de la ANPP, el ministro Vladimir Regueiro Ale afirmó que la norma contempla «la posibilidad de cobrar determinados impuestos para operaciones específicas en moneda extranjera».
Según Regueiro Ale, «en el caso de los impuestos sobre los ingresos personales, se propone sustituir la residencia temporal o definitiva por el concepto de residencia fiscal como criterio para el pago del impuesto». También se sugiere «generalizar gradualmente la obligación de liquidar y pagar el impuesto al cierre del ejercicio fiscal mediante la presentación de declaración jurada». La propuesta incluye la eliminación del régimen simplificado para los trabajadores por cuenta propia, un tratamiento diferenciado para los productores agropecuarios y la regulación del mínimo exento sobre las gratificaciones. Además, se prevé un «tránsito» hacia la imposición de un impuesto al valor añadido (IVA), cuya implementación gradual dependerá de la necesidad de crear condiciones técnicas, como incrementar el nivel de bancarización en las operaciones de cobros y pagos.
Para la transmisión de bienes y herencias, la propuesta establece que «el pago de los impuestos asociados a las compraventas y donaciones de autos y viviendas entre particulares se realizará de forma simultánea al acto de transmisión», y se actualizarán los valores referenciales de autos y viviendas. También se prevé un «incremento en las cuantías» de los impuestos sobre el transporte terrestre, los trámites de documentos y el impuesto sobre la ociosidad de las tierras agrícolas, entre otros. Asimismo, se incrementará «el importe de la tasa de servicios de aeropuertos a pasajeros a 40 dólares».
Regueiro Ale anticipó que, en el futuro, podrían implementarse impuestos adicionales en áreas aún no cubiertas, aunque advirtió que «no existen las condiciones necesarias en lo económico y lo social para aplicar impuestos sobre la propiedad de viviendas y solares yermos, así como sobre la propiedad o posesión de tierras agrícolas». En cuanto a la contribución a la seguridad social, el ministro indicó que «se evaluará un incremento en el tipo de gravamen que pagan los empleadores» y la aplicación de una «contribución territorial para el desarrollo local» a las personas naturales que desarrollan actividades económicas autorizadas.
Finalmente, se anunció que la nueva Ley del Sistema Tributario y su Reglamento, que incorporarán las medidas ahora anticipadas, será emitida en un decreto, mientras que el Ministerio de Finanzas y Precios se encargará de promulgar las resoluciones complementarias de la legislación.
