El gobierno cubano continúa endureciendo las medidas contra el sector privado, que actualmente representa el 44% de las ventas minoristas en la economía nacional. Entre las nuevas regulaciones anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, se incluye la prohibición de que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) y los trabajadores por cuenta propia con permisos de importación paguen a sus proveedores desde cuentas en el extranjero.
Marrero Cruz justificó estas restricciones señalando que existen distorsiones que deben ser corregidas, por lo que se han aprobado esquemas cerrados de financiamiento para las actividades de comercio exterior. Esta medida afectará significativamente al sector privado, obligando a las Mipymes a depositar todos sus fondos en bancos locales para realizar pagos a sus proveedores internacionales.
El Estado cubano mantiene el monopolio del comercio exterior, lo que obliga al sector privado a realizar sus actividades de exportación e importación a través de empresas estatales. Por ejemplo, si un empresario privado desea importar un contenedor de pollo, debe encontrar un proveedor internacional y efectuar el pago a través de una empresa estatal. Con las nuevas regulaciones, los fondos utilizados para estas transacciones deben estar depositados en bancos cubanos.
Anteriormente, los pagos se realizaban desde cuentas en el extranjero, facilitadas por familiares, amigos o socios del negocio. Esta práctica permitía que el dinero saliera de Cuba sin pasar por el sistema bancario nacional. Ahora, con las nuevas disposiciones, el régimen asegura que todo el flujo financiero pase por su control, incrementando así la liquidez de los bancos estatales.
Además, se han establecido nuevos requisitos para las importaciones, como la necesidad de contar con un certificado de no adeudo fiscal emitido por la Oficina de Administración Tributaria (ONAT) y declarar el origen de los fondos utilizados para la importación.
En una reciente evaluación de las operaciones de exportación e importación, el gobierno cubano decidió revocar la facultad de importación a 24 de las 73 empresas estatales autorizadas para tal fin, debido a su bajo nivel de actividad y mal funcionamiento.
Estas medidas parecen estar dirigidas a dificultar el crecimiento del sector privado, que enfrenta nuevas condiciones que podrían hacer inviable la continuación de sus actividades de importación de alimentos y productos de aseo para su comercialización en el mercado interno, lo que augura una mayor escasez.
El propietario de una Mipyme comentó a Periódico Cubano que estas decisiones complicarán aún más el crecimiento del sector privado. La nueva normativa frenará la actividad importadora, exacerbando la escasez de productos en la isla. Las Mipymes que hasta ahora importaban contenedores de pollo y otros productos deberán reconsiderar sus operaciones debido a las restricciones financieras impuestas por el Estado.
Otra disposición significativa es el cobro de aranceles de aduana en dólares por concepto de importación. Anteriormente, estos impuestos se pagaban en pesos cubanos a la tasa de cambio oficial de uno por 120 pesos cubanos (CUP). Sin embargo, con la nueva exigencia de pago en dólares y sin acceso al mercado cambiario oficial de Cadeca, las Mipymes y los trabajadores por cuenta propia deberán adquirir dólares en el mercado informal, donde el costo es significativamente mayor, encareciendo aún más el pago del impuesto aduanal.
El impacto de estas medidas será profundo. El sector privado, que ha sido un motor esencial para la economía cubana, enfrentará mayores obstáculos para operar eficientemente. Las nuevas restricciones financieras y la obligación de manejar todos los fondos a través de bancos estatales no solo incrementarán los costos operativos, sino que también aumentarán la burocracia y el tiempo necesario para completar las transacciones comerciales.
La decisión de revocar los permisos de importación a casi un tercio de las empresas estatales aprobadas para estas actividades también revela una falta de confianza en la capacidad de estas entidades para operar eficientemente. Esto podría ser una señal de que el gobierno está buscando centralizar aún más el control sobre el comercio exterior, limitando la capacidad del sector privado para competir y prosperar.
