El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha anunciado un plan de «ordenamiento» para los sectores privado y estatal debido a la «manera irresponsable» en que algunas de estas instituciones se han estado conduciendo, según sus palabras. Aunque Díaz-Canel insistió en que no se trata de una cacería de brujas contra una forma de gestión o propiedad específica, el discurso oficialista ha estado criticando las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), especialmente aquellas que importan productos terminados o no cumplen con los precios topados.
«Aquí lo que estamos planteando es un ordenamiento para que haya la mayor cantidad de ofertas de bienes y servicios a adecuados precios para la población, y que todo el mundo aporte todo lo que tiene que aportar», afirmó Díaz-Canel. Durante su informe a la Comisión Económica de la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre la marcha del proceso de bancarización, recordó que el modelo económico cubano tiene como actor económico fundamental a la empresa estatal socialista, según informó Cubadebate.
Sin embargo, subrayó que tanto el sector estatal como el no estatal tienen responsabilidades: «Los dos tienen que trabajar en la legalidad y aportar con impuestos o tributos. Donde ha existido una desviación en una forma de gestión no estatal, detrás hay una entidad estatal que tiene relación con la misma», indicó. El presidente agregó que una prioridad del gobierno es la estabilización macroeconómica, un programa que incluye varios procesos, entre ellos el perfeccionamiento del sistema de dirección de la economía y la asignación de divisas, atendiendo al proceso de descentralización de facultades.
Díaz-Canel reiteró la existencia de desviaciones y distorsiones dentro de la economía que deben erradicarse. «Hay déficit presupuestario, evasión fiscal alta, una distorsión en los precios», dijo. Además, señaló problemas como la especulación, la inflación, la corrupción, el trabajo informal con alta tendencia a la evasión fiscal, la desvinculación del estudio y el trabajo, y la situación de vulnerabilidad de las familias, en un contexto de ineficiencia estatal que ha generado un incremento de la pobreza extrema.
El Consejo de Ministros aprobó esta semana seis decretos leyes que serán presentados al Consejo de Estado. Estas disposiciones actualizan las normativas para las Mipymes, los trabajadores por cuenta propia y las empresas del sector privado en Cuba, enfatizando que no es una cacería de brujas. «Hay que dejar claro el papel que le corresponde a cada actor en la economía del país, y la Constitución de la República deja claro que el principal actor es la empresa estatal socialista», enfatizó el primer ministro Manuel Marrero.
El Consejo de Ministros también aprobó otros dos decretos. Uno de ellos es modificativo del Decreto 49 y especifica las actividades que no están autorizadas para las Mipymes. El segundo decreto es para la creación de un nuevo Organismo de la Administración Central del Estado: el Instituto Nacional de Actores No Estatales.
Desde la semana pasada, el gobierno comenzó a multar a las Mipymes por presuntas violaciones de precios topados a seis artículos de primera necesidad. El Ministro de Finanzas y Precios en Cuba, Vladimir Regueiro Ale, advirtió a los dueños de las Mipymes que, por ejemplo, es un «delito grave» ocultar la mercancía y no venderla a la población. Este enfoque en las Mipymes se enmarca en un contexto de creciente control estatal y regulación estricta sobre el sector no estatal, mientras se intenta abordar los problemas económicos y sociales del país.
Este plan de ordenamiento, según las autoridades, busca estabilizar la economía y garantizar precios justos para la población. Sin embargo, ha generado preocupación entre los empresarios privados y trabajadores por cuenta propia, que ven en estas medidas un riesgo para su sostenibilidad y un posible incremento en la intervención estatal en sus actividades. La situación refleja la complejidad de gestionar una economía en crisis, con un delicado equilibrio entre control estatal y fomento del sector privado.
