En solo dos días, el Gobierno cubano ha impuesto multas por un valor de más de 13 millones de pesos debido a violaciones de precios establecidos en productos vendidos por las MIPYMES, algunas acompañadas de sanciones adicionales como la venta forzosa y la suspensión de actividades. Esta información fue reportada por el diario oficial Granma.
Estas «acciones de enfrentamiento» están apoyadas en el «control popular» y fueron realizadas por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) el 12 y 13 de julio, con 11,891 inspecciones siguiendo lo estipulado en la Resolución 225/2024. Vladimir Regueiro Ale, titular del MFP, informó al órgano del Partido Comunista que estos ejercicios abarcaron todo el país, y en los establecimientos visitados se verificaron también otras regulaciones relacionadas con el pago de aportes al presupuesto, registro comercial, canales de pago digital, y condiciones de contratación de personal, entre otros aspectos.
La detección de violaciones alcanzó un 41.7%, con 4,954 casos, ante los cuales se impusieron 4,332 multas, por un valor superior a los 13 millones de pesos. De estas multas, 2,065 correspondieron al Decreto 30/21, vigente desde hace tres años para sancionar lo que las autoridades consideran «precios abusivos» o la alteración de las tarifas de venta de productos.
Además de las multas impuestas, se aplicaron 354 ventas forzosas —187 en La Habana—, 53 retiros temporales de autorización de funcionamiento del establecimiento y 21 decomisos, mayoritariamente a quienes ejercían de forma ilegal, según Regueiro Ale. El ministro también señaló que, aunque los precios minoristas máximos para productos de alta demanda siguen siendo elevados, representan una reducción en comparación con los niveles anteriores a la entrada en vigor de la norma.
Regueiro Ale admitió que revertir la situación de la inflación no se logra solo con el establecimiento de precios máximos para una nomenclatura básica de productos. Según el ministro, «hay otras proyecciones que se deben lograr a nivel de país, mediante los incrementos productivos y mayores niveles de servicio».
La Resolución 225/2024 del MFP estableció la regulación de precios minoristas máximos para productos de alta demanda, como el pollo troceado, el aceite comestible (excepto el de oliva), detergente en polvo, pastas alimenticias, salchichas y leche en polvo. Estos son productos que el Estado es incapaz de proveer en moneda nacional o que vende más caros en las tiendas en moneda libremente convertible (MLC).
El economista Omar Everleny Pérez, en un artículo publicado en la agencia IPS Cuba, consideró que hay una satanización de los precios de las MIPYMES cubanas, mientras que en las tiendas del estado en MLC son más abusivos. Pérez destacó que el Estado no siempre tiene a la venta algunos productos de primera necesidad, lo cual «atenta contra la calidad del servicio y no contribuye a la competencia en los precios entre diferentes sectores de la economía».
En una infografía publicada en el artículo, se muestran los valores elevados de la carne de cerdo y de pollo, que son 182% y 269% más caros, respectivamente, en las tiendas estatales en MLC en comparación con las MIPYMES. Otros productos en la tabla incluyen la leche en polvo, que se vende en las tiendas en MLC un 13.7% más caro; el aceite, un 40% más caro; la salsa de tomate, un 204% más cara; frijoles negros, 47% más; pasta dental, 56% más; y jabón, 115% más caro.
Así, en opinión del economista, «el uso de la etiqueta ‘precios abusivos’ tendría que ampliarse o modificarse, no únicamente emplearla para referirse a las MIPYMES». Esta perspectiva resuena con las quejas de decenas de cubanos que reaccionaron a la reciente medida establecida por el MFP, preguntándose cuándo se van a bajar y poner topes a los precios de las tiendas que venden en MLC.
