El próximo 17 de julio, el Parlamento cubano discutirá las nuevas leyes de Migración, Extranjería y Ciudadanía, generando un amplio debate en la población. El Ministerio del Interior (Minint) ha detallado las restricciones de entrada y salida de Cuba que estas novedades traerán consigo.
Entre los temas a debatir se encuentra la identificación de las personas “reguladas”, aquellas que no podrán salir ni entrar a Cuba según las nuevas disposiciones. La categoría de “regulados” abarca una amplia gama de individuos considerados de “interés público”, lo que permite incluir a cualquier persona bajo esta clasificación.
Las restricciones de entrada a Cuba estarán basadas en antecedentes relacionados con actividades terroristas, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, narcotráfico, lavado de activos y tenencia o portación ilegal de armas. Además, aquellos con actos lesivos contra la humanidad, la dignidad y la salud colectiva, o quienes participen en acciones hostiles contra el estado cubano, también serán prohibidos de entrar.
El Ministerio del Interior ha señalado que la interpretación de estos criterios de inadmisión puede ser subjetiva, otorgando a las autoridades migratorias la discreción para determinar si una persona es inadmisible. Este punto ha generado preocupación entre la población, ya que la subjetividad en la aplicación de estas leyes puede llevar a abusos de poder.
En una reciente entrevista con la agencia AP, el primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, explicó que bajo las nuevas leyes, los cubanos podrán viajar y regresar al país sin perder derechos. Sin embargo, se mantendrán condiciones excepcionales relacionadas con “seguridad nacional” o “interés público”, determinadas por las autoridades.
Los opositores cubanos han denunciado constantemente que se les ha impedido salir del país o reingresar a la isla, siendo “regulados” bajo estas normativas. Este tema ha sido objeto de controversia, ya que muchos consideran que se utiliza como herramienta para reprimir la disidencia.
El coronel Méndez subrayó que la aplicación de estas restricciones no es masiva, sino discrecional, y que el gobierno cubano debe sopesar el costo político de evitar la salida de un ciudadano y las acciones que este podría realizar en contra de Cuba. Esta declaración refleja la complejidad y las implicaciones políticas de las nuevas leyes de migración.
La implementación de estas leyes plantea un desafío para la sociedad cubana, donde la confianza en las autoridades migratorias y la transparencia en la aplicación de las normas serán cruciales. La población deberá estar atenta y bien informada para evitar posibles abusos y garantizar que sus derechos sean respetados.
