El régimen cubano confirmó este martes que mantiene aprobada la norma para establecer, temporalmente, precios máximos a un grupo de productos de primera necesidad que comercializan las formas de gestión no estatal.
La medida, que debía entrar en vigor el pasado 1 de julio, parecía que iba a quedar en el olvido, pero hace solo minutos el gobierno aseguró que sostiene la idea pese a los análisis reiterados entre quejas y reuniones infructuosas. Mientras el sector privado espera expectante, la población navega a la deriva en el mar de la inflación.
Según detalló el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso desde la red social Facebook, la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez Ruiz, aclaró que “la medida no entró en vigor este lunes a partir de la necesidad de continuar los intercambios con los actores económicos sobre las realidades que enfrentan en sus procesos de importación, transportación y comercialización, así como atender los estados de opinión de la población”.
Asimismo, reveló que hasta la fecha se han “realizado más de 3400 encuentros con TCP, CNA y representantes de Mipymes sobre el tema, pero resulta necesario continuarlos para construir un consenso justo, tanto para comercializadores como consumidores”.
Agregó que la viceministra Rodríguez reconoció que “los precios propuestos no son los deseados”, pero “tienen en cuenta los costos reales para los actores económicos”.
La noticia llega poco después de que, a través de Facebook, diversas entidades estatales anunciaron la decisión de no implementar los cambios debido a los análisis e intercambios entre representantes del gobierno con las formas de gestión no estatal, mientras señalaban la continuidad de los diálogos.
“Se mantienen los análisis e intercambios con las FGNE, hasta concertar precios”, apuntó una publicación de la Dirección de Inspección de Pinar del Río en la misma red social, informando que “los municipios que publicaron los nuevos precios a partir de los análisis realizados con dichos actores, quedan sin efecto para su aplicación”.
La marcha atrás en apenas unas horas solo demuestra los desatinos del régimen y sus constantes improvisaciones.
La iniciativa está encaminada a limitar el máximo de los costos admitidos para el pollo troceado, el aceite comestible, la leche en polvo, la salchicha (o perritos como se conocen en la isla), las pastas alimenticias y el detergente en polvo, cuyos nuevos precios fueron difundidos por las administraciones locales antes de retroceder y retomar los diálogos.
De acuerdo con la información difundida antes de las nuevas disposiciones, aquellos actores que infrinjan la regulación enfrentarán sanciones de hasta 8,000 CUP en multas e incluso el retiro de las licencias correspondientes.
Desde los primeros encuentros de la viceministra con representantes de las Mipymes y la Dirección general de Importación del Ministerio de Comercio Exterior, resultó polémico para los representantes de las pequeñas y medianas empresas ajustarse a la propuesta, cuando enfrentan diariamente la fluctuación del mercado cambiario informal, la presión fiscal y la escasez de combustible, que se suman a la inestabilidad de los precios internacionales.
Concebida como un mecanismo para contener el ritmo de crecimiento de los precios, la medida busca detener el impacto de la inflación, que cerró el mes de mayo en Cuba en el 31%; casi 10 veces por encima del 2,6% de Europa y Estados Unidos en el mismo mes.
