Este miércoles, autoridades del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba anunciaron que la próxima Ley de Migración, que se espera sea aprobada en el Parlamento en julio, tendrá repercusiones sobre 1,3 millones de cubanos que residen fuera del país. La noticia ha generado un gran revuelo tanto dentro como fuera de la isla, dada la magnitud del cambio.
La propuesta de ley, divulgada como proyecto el pasado 18 de junio, introduce la categoría de “residencia efectiva migratoria” y elimina la restricción de dos años en el extranjero como condición para perder la residencia cubana, según explicó Mario Méndez, jefe de Identificación, Inmigración y Extranjería del MININT, durante una conferencia de prensa. Esta nueva categoría tiene el potencial de redefinir la relación de muchos cubanos con su país de origen.
El nuevo marco legal también establece restricciones de entrada y salida del país por motivos de “seguridad y defensa nacional”, sin que se hayan precisado las razones específicas. Esta medida ha despertado inquietudes sobre la transparencia y la aplicación de estas restricciones, y cómo podrían afectar a los ciudadanos.
Poderes Excesivos
Sin embargo, medios de comunicación y activistas han alertado que, de aprobarse, la ley otorgaría poderes excesivos a las autoridades migratorias, “lo cual podría derivar en arbitrariedades”. Esta preocupación se basa en la amplia discreción que se otorga a las autoridades para controlar las medidas de inadmisibilidad y salida del territorio.
Por ejemplo, la abogada Giselle Morfi, de la organización Cubalex, declaró a CubaNet que la Dirección de Identificación de Migración y Extranjería obtendría “atribuciones extremadamente amplias”, como la de controlar las medidas de inadmisibilidad y salida del territorio, decidiendo quién puede entrar o salir del país. Estas atribuciones, según Morfi, deberían estar en manos de un tribunal competente, imparcial y autónomo, y no de una entidad del Ministerio del Interior.
Sin Garantías Jurídicas
La especialista agregó que las decisiones que restringen libertades y derechos fundamentales reconocidos internacionalmente y en la Constitución cubana deben estar respaldadas por garantías jurídicas, las cuales no están contempladas en la propuesta de ley. Esta falta de garantías jurídicas deja a los ciudadanos vulnerables a decisiones potencialmente arbitrarias.
Morfi criticó la redacción del documento, calificándola de demasiado amplia, otorgando a las autoridades la posibilidad de tomar decisiones arbitrarias y potencialmente corruptas, dejando a la ciudadanía desprotegida. La preocupación principal es que la ley no incluye procedimientos claros para reclamar decisiones consideradas arbitrarias, ilegales, abusivas, irracionales o discriminatorias, a pesar de que uno de los principios del proyecto es el de no discriminación.
En términos generales, dijo la entrevistada que las restricciones propuestas no son legítimas ni responden a una necesidad pública o social urgente, y no están en proporción con los objetivos establecidos en el derecho internacional. Estas críticas apuntan a una preocupación más amplia sobre cómo se implementarán y supervisarán estas nuevas medidas.
La nueva Ley de Migración en Cuba promete ser un punto de inflexión para los cubanos en el exterior, afectando significativamente sus derechos y la manera en que interactúan con su país de origen. A medida que se acerca la fecha de aprobación, es crucial que tanto los ciudadanos como los observadores internacionales sigan de cerca estos desarrollos.
