El régimen cubano ha publicado su nuevo proyecto de ley de ciudadanía, que incluye cambios significativos, como la posibilidad de renunciar a la ciudadanía cubana y la capacidad del gobierno para retirar la ciudadanía a individuos bajo ciertos criterios.
El documento no es lo que muchos exiliados esperaban: la nueva ley no permitirá a cubanos ingresar a la isla con una segunda nacionalidad. Al referirse a la “Ciudadanía Efectiva”, el gobierno aclara: “La adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana; los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en el territorio nacional, se rigen por esa condición…”.
El texto del proyecto establece los requisitos para renunciar a la ciudadanía cubana, que incluyen ser mayor de 18 años, tener otra ciudadanía, estar en el extranjero, no poseer deudas con el Estado cubano y no estar cumpliendo una sentencia penal.
“Creo que lo más complicado es un requerimiento de deudas que se puedan mantener con el Estado cubano. No solo son deudas de orden fiscal. Pueden ser deudas en relación a delitos. La renuncia a la ciudadanía se hará efectiva solo cuando las autoridades cubanas la acepten”, comentó Eloy Viera, abogado cubano y colaborador de la Revista El Toque.
Aquellos que renuncien a la ciudadanía podrían recuperarla después de cinco años si así lo solicitan. Sin embargo, el Artículo 3 del proyecto otorga al régimen la capacidad de privar de la ciudadanía a personas acusadas de múltiples delitos, incluyendo “atentar contra la integridad territorial del Estado cubano”.
“Ellos no reconocen la existencia de una nacionalidad cubana. Solo reconocen el poder del Partido Comunista de Cuba y se sienten con la autoridad de definir la nacionalidad según lo establecido por el comunismo”, apuntó Orlando Gutiérrez Boronat, líder del Directorio Democrático Cubano en el exilio. Activistas y juristas temen que esta medida pueda ser utilizada como un arma contra opositores.
“Deja el banderín abierto para que una sola persona pueda determinar cuándo priva de la ciudadanía a cualquiera. Sin un resorte, sin un mecanismo legal que pueda utilizarse para combatir una decisión de ese tipo. Y eso es muy peligroso porque ya hoy tenemos listas de terroristas”, sostiene Viera.
El proyecto también abre la puerta a la naturalización de extranjeros que residen en Cuba. Se espera que la propuesta de ley de ciudadanía, junto con la de migración, sean aprobadas sin sorpresas por la Asamblea oficialista en julio, y posteriormente se publiquen sus reglamentos.
Este nuevo marco legal introduce una serie de cambios que afectan directamente a los cubanos en el exterior y dentro de la isla. La posibilidad de renunciar a la ciudadanía y la capacidad del gobierno para revocarla bajo ciertas circunstancias podrían tener un impacto significativo en la diáspora cubana y en aquellos que mantienen vínculos con el país.
La medida de permitir la renuncia a la ciudadanía cubana, aunque pueda parecer un paso hacia la modernización, viene acompañada de requisitos estrictos que podrían complicar su aplicación. La exigencia de no tener deudas con el Estado cubano y no estar bajo sentencia penal añade una capa de dificultad para aquellos que buscan desligarse formalmente del régimen.
El Artículo 3, que permite la privación de la ciudadanía por razones amplias como “atentar contra la integridad territorial del Estado cubano”, ha sido particularmente criticado por su vaguedad y potencial para ser utilizado contra disidentes y opositores políticos. Este poder discrecional del gobierno levanta serias preocupaciones sobre su uso para silenciar voces críticas y restringir la libertad de expresión.
Por otro lado, la apertura a la naturalización de extranjeros que residen en Cuba podría ser vista como un intento de atraer más inversiones y capital humano al país, en un esfuerzo por revitalizar la economía y mejorar la imagen internacional del régimen.
