El gobierno cubano ha establecido las causas para retirar la ciudadanía a los residentes en el extranjero, según la propuesta del Proyecto de Ley de Ciudadanía que se espera sea aprobada en julio durante la próxima sesión de la Asamblea Nacional.
De acuerdo con la normativa, el “presidente” es quien decide si un cubano debe ser privado de su ciudadanía mediante un Decreto Presidencial. El Capítulo III, titulado “Privación de la Ciudadanía Cubana”, especifica en su artículo 54 que los cubanos no pueden ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas.
El artículo 55.1 detalla dos causas principales para la privación de la ciudadanía:
Alistarse en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra la integridad territorial del Estado cubano, sus ciudadanos y demás personas residentes en el país.
Realizar, desde el extranjero, actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de Cuba, siempre que así se considere por la autoridad de ciudadanía correspondiente. Esta formulación es lo suficientemente amplia como para abarcar cualquier actividad que el régimen considere una amenaza.
El artículo 55.2 añade que la autoridad de ciudadanía solo privará de la ciudadanía a un cubano si se verifica “de modo indubitable” que incurrió en una de las causas mencionadas, tenga otra ciudadanía o no resida de forma efectiva en el país, y se dicte el Decreto Presidencial correspondiente.
No obstante, la ley precisa que si alguien incurre en una causa y ocasiona un grave perjuicio a la seguridad nacional de Cuba, pone en peligro la estabilidad del Estado, las relaciones internacionales o la salud general de la población, la autoridad de ciudadanía puede dictar el Decreto Presidencial aunque no se cumplan los requisitos y formalidades para la tramitación del expediente.
El derecho a recuperar la ciudadanía cubana solo se puede ejercer una vez, independientemente de la causa de la pérdida, según el texto del proyecto.
El régimen ha estado prometiendo una Ley de Ciudadanía durante décadas, pero su aprobación se ha pospuesto repetidamente. La ausencia de una normativa ha permitido al gobierno imponer obligaciones a los ciudadanos sin garantizar plenos derechos, como la de entrar y salir de Cuba con un pasaporte cubano, incluso para quienes poseen doble nacionalidad.
El nuevo Proyecto de Ley de Ciudadanía incluye postulados como la ciudadanía efectiva y define los requisitos y procedimientos para la adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la ciudadanía, así como su registro.
