El reciente proyecto de Ley de Migración publicado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba introduce múltiples aspectos novedosos y polémicos, uno de los cuales es la posibilidad para los cubanos de renunciar a su ciudadanía y entrar al país con otro pasaporte. Esta disposición, contenida en el Título V “Tratamiento de las personas que renuncian a la ciudadanía cubana”, representa un cambio significativo en la política migratoria de la isla.
De acuerdo con el Título V, los cubanos que opten por renunciar a su ciudadanía serán considerados extranjeros a partir de ese momento. Para entrar y salir del país, deberán presentar un pasaporte extranjero y los documentos de viaje correspondientes. Este cambio supone que aquellos que tomen esta decisión no podrán identificarse como ciudadanos cubanos en Cuba y estarán sujetos a las leyes y reglamentos de extranjería. En caso de poseer más de una ciudadanía, deberán salir del país con el mismo pasaporte con el que ingresaron, tal como se detalla en el Artículo 56 del anteproyecto de ley.
Hasta ahora, el régimen de La Habana exigía que todos los ciudadanos cubanos, independientemente de su doble nacionalidad, ingresaran al país con un pasaporte cubano. Esta nueva disposición otorga por primera vez a los cubanos el derecho a renunciar a su ciudadanía y entrar al país con el pasaporte de la nacionalidad que elijan. Sin embargo, el gobierno se reserva el derecho de quitarle la condición de cubano a cualquier nacido en la Isla. El Artículo 57 indica que “las personas naturales extranjeras, que así califiquen a partir de procesos donde se disponga por autoridad competente, la pérdida de la ciudadanía cubana, están sujetos en todo lo que resulte de aplicación, a lo establecido en el presente Título sobre la renuncia a la ciudadanía cubana”.
Esta medida, aunque innovadora, también plantea interrogantes y preocupaciones sobre su implementación y las posibles repercusiones para aquellos que decidan renunciar a su ciudadanía cubana. Por ejemplo, los cubanos que se conviertan en extranjeros necesitarán solicitar una visa para entrar a la Isla, lo que añade un nuevo nivel de complejidad y burocracia al proceso.
El anteproyecto de ley también mantiene y refuerza las restricciones sobre quiénes pueden entrar y salir del país. La entrada y salida del territorio cubano estarán sujetas a autorizaciones basadas en la posición política del individuo y otros criterios de seguridad nacional. Esto significa que las autoridades cubanas seguirán teniendo un control significativo sobre el flujo migratorio, lo que podría afectar a aquellos que son críticos del régimen o que participan en actividades que el gobierno considera subversivas.
Además, el nuevo proyecto aborda la expulsión y deportación de personas del territorio nacional. Aquellos que inciten al odio racial, religioso, cultural o político podrán ser declarados personas no gratas y expulsados de Cuba. Esta medida ha generado controversia, ya que la definición de “odio político” puede incluir la oposición al régimen actual. La interpretación de qué constituye incitación al odio es, en muchos casos, subjetiva y podría ser utilizada para silenciar a disidentes y opositores políticos.
En otro aspecto significativo, el proyecto de ley elimina el requisito de 24 meses de estancia en el extranjero para mantener la residencia en Cuba. Este cambio facilita a los cubanos mantener su estatus de residencia aunque pasen períodos prolongados fuera del país. Asimismo, establece nuevas disposiciones para los extranjeros que deseen establecerse en la Isla, lo que podría abrir nuevas oportunidades para la inversión y el turismo, aunque también podría estar sujeto a estrictos controles y regulaciones por parte del gobierno.
Por último, el anteproyecto oficializa cambios en el pasaporte cubano, aunque los detalles específicos de estos cambios no han sido ampliamente divulgados. Es posible que estas modificaciones estén destinadas a adaptarse a los nuevos requisitos y normativas establecidas en la Ley de Migración.
El gobierno cubano ha señalado que el objetivo de dar a conocer los proyectos de ley es “promover la participación ciudadana y contribuir a la cultura jurídica” de los cubanos. Según la agencia oficialista Prensa Latina, “estas propuestas legislativas serán sometidas a análisis y discusión por parte de los diputados, con vistas a su presentación oportunamente en el Parlamento cubano”.
