La prensa oficialista cubana ofreció este lunes una actualización sobre los eventos en la Finca de los Monos, aumentando a ocho el número de heridos en la multitudinaria pelea ocurrida el sábado, 8 de junio. La investigación de estos hechos ha llevado a la detención de varios implicados, incluyendo menores de edad, quienes participaron en las peleas armados con machetes y otras armas blancas.
Un reporte del Noticiero de la Televisión Cubana (NTV) elevó a ocho el número de heridos en las peleas. Inicialmente, el vocero del régimen y presentador televisivo, Humberto López, había cifrado en seis las personas que recibieron asistencia médica tras la masiva reyerta. Yaimara Angulo González, vicefiscal jefa provincial en La Habana, señaló que existen “varios jóvenes detenidos” con edades comprendidas entre los 16 y los 20 años por su responsabilidad en los hechos. Sin desvelar cifras, la funcionaria indicó que entre los investigados hay varios menores de edad y aseguró que por “el momento” se considera probado el delito de “desórdenes públicos”, aunque no descartó la sustanciación de otros durante el proceso.
Además, las autoridades provinciales consideran que existen responsabilidades entre los organizadores e instituciones que avalaron la realización del evento, pero insistieron en el carácter ilegal del mismo. El periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso entrevistó al administrador de la Finca de los Monos y al gerente de la firma Klatus Creativo, organizadora del evento, pero no incluyó sus declaraciones en su reportaje. Según Alonso, ambos defendieron su versión de que las autoridades del Cerro estaban informadas del programa de esa jornada y habían aprobado su celebración.
El reporte de Alonso sí recogió las declaraciones de la Intendente del Cerro, Elena Luis Rodríguez, quien se reafirmó en el carácter no autorizado del evento. “Cada actividad lleva un protocolo y debe aparecer en el Plan. Si no está en el plan, no es una actividad formal. Por tanto, esa actividad no entró por los canales correspondientes”. Sin embargo, la Intendente admitió que funcionarios del “área de recreación” conocían la actividad, por lo que no se descarta que estos sean investigados y sancionados. Así lo explicó la coordinadora de programas y objetivos del Gobierno de La Habana, Tatiana Viera Hernández, quien negó categóricamente que los organizadores o el gobierno local hubieran informado a las autoridades de gobierno provincial.
“Por eso en estos momentos se desarrollan las investigaciones pertinentes”, dijo Viera Hernández. Más directo fue el miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en La Habana, Roilán Rodríguez Barbán, quien aseveró que “hubo responsabilidad administrativa en autoridades locales y se adoptarán las medidas correspondientes con los responsables”. Por su parte, la Coronel Tania Fernández Cordero, jefa de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de La Habana, consideró que su actuación fue intachable y que consiguieron controlar la situación y restablecer el orden en poco tiempo, una vez recibido el aviso de disturbios.
Además de los involucrados en los hechos, la vicefiscal jefa provincial en La Habana no descartó que la investigación determine otras responsabilidades penales entre los usuarios de redes sociales y medios que, según dijo, transmitieron información falsa y crearon una situación de alarma injustificada en la sociedad. “La segunda línea de investigación está encaminada a determinar la identidad de las personas que, de manera inescrupulosa, divulgaron noticias falsas. Se tiene que establecer con qué propósito lo hicieron, con qué finalidad alarmaron a la población. Esta conducta puede constituir un delito”, consideró Angulo González, aludiendo al Artículo 103.2 del nuevo Código Penal del régimen cubano.
Diez días después del suceso, la prensa oficialista cubana vuelve sobre unos hechos que generaron alarma y estupor entre los cubanos por su violencia descarnada y por la edad de sus protagonistas. Criticada por su tardanza en dar la noticia y por su afán de encubrir los hechos tras una presunta «maniobra» de los medios independientes y activistas en redes sociales para «crear desestabilización», el régimen cubano presentó este lunes una versión más «periodística» que la ofrecida por López.
No obstante, a pesar de que el reportaje de Alonso cubrió algunas lagunas informativas (como la difusión de imágenes de los hechos) y aparentó mayor exhaustividad y contraste a la hora de presentar su versión, el relato oficialista sigue poniendo el acento en la «desinformación» y la «alarma» creada por la prensa independiente «enemiga de la revolución». El reportaje no se refirió al aumento de la violencia en Cuba, sus causas y diversas manifestaciones. Ningún experto dio sus opiniones sobre unos hechos que han generado un intenso debate en la sociedad civil. Los errores y las responsabilidades administrativas locales fueron reconocidos, pero el aparato represor del régimen avisó: se buscarán otras responsabilidades y los «culpables» pagarán.
