Un oficial del Ministerio del Interior (MININT) en Cuba, Maikel Solano Arévalo, fue condenado a tres años de privación de libertad por el Tribunal Provincial de Granma por abusar sexualmente de una niña de cuatro años en el municipio de Buey Arriba. Esta sentencia se dictó en segunda instancia, tras una apelación, según informó el medio independiente Diario de Cuba (DDC).
Inicialmente, el Tribunal Municipal de Buey Arriba había condenado a Solano Arévalo a solo tres años de trabajo correccional sin internamiento, lo que implicaba que no tendría que cumplir la pena en prisión. Esta decisión causó indignación en la familia de la menor, quienes consideraron la pena extremadamente leve. «Yo apelé esperando mejores resultados, pero fue todo lo contrario. No estoy conforme ni satisfecha, porque ya no puedo hacer nada. No puedo seguir apelando. Pero todavía me parece muy leve esa sentencia», declaró a DDC Yelenis Pinilla Espinosa, la abuela de la niña.
La abuela esperaba que Solano Arévalo recibiera la máxima pena estipulada en el Código Penal cubano. Según el artículo 396, inciso 3, del Código Penal Cubano, la sanción por abuso sexual puede conllevar una pena de dos a cinco años de privación de libertad. La familia de la menor y la comunidad esperaban una sentencia más severa debido a la gravedad del delito.
Para la exjueza cubana Maylin Fernández Suris, experta en asuntos de familia y violencia de género, la justicia llegó tarde y solo gracias a la persistencia de la familia al apelar la sentencia inicial. «La justicia ha llegado tarde y solo gracias a que la familia no estuvo conforme y apeló. No había que hacer que la familia pasara por un juicio de apelación, con los costos que ello conlleva, porque implica pagar abogado», comentó Fernández Suris a DDC.
La abuela de la menor denunció que Solano Arévalo tuvo acceso a la niña porque estaba casado con la mujer que la cuidaba. Vive a solo tres cuadras de la niña, quien ahora tiene cinco años. Si no se hubiera impugnado la medida inicial, la niña hubiera tenido que seguir viéndolo en el barrio, lo cual aumentaba el riesgo de trauma y la sensación de inseguridad para la familia.
Solano Arévalo es identificado por Pinilla como un agente de la Seguridad del Estado, lo que añade otra capa de complejidad y polémica al caso. La relación de Solano Arévalo con la Seguridad del Estado y su condena relativamente leve han suscitado críticas sobre la imparcialidad del sistema judicial cubano y su capacidad para impartir justicia en casos que involucran a funcionarios del gobierno.
La condena inicial de trabajo correccional sin internamiento fue vista como una muestra de la indulgencia judicial hacia un agente del Estado, lo que provocó la apelación de la familia de la víctima. A pesar de la revisión de la sentencia, la familia sigue insatisfecha con el resultado, considerando que tres años de prisión no son suficientes para el crimen cometido.
