La Casa Blanca está preparando medidas drásticas en la frontera entre Estados Unidos y México que limitarían las solicitudes de asilo y negarían automáticamente la entrada de inmigrantes una vez que el número de personas detenidas por los agentes fronterizos estadounidenses supere un nuevo umbral diario. Según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto, el presidente Joe Biden podría firmar esta orden ejecutiva el próximo martes, como informó The Associated Press (AP) este jueves.
Desde el fracaso de un proyecto de ley bipartidista sobre la frontera a principios de este año, Biden ha considerado tomar medidas ejecutivas adicionales. Aunque el número de cruces ilegales en la frontera ha disminuido en los últimos meses, esto se debe en gran parte a los esfuerzos intensificados por parte de México. Sin embargo, la inmigración sigue siendo una de las principales preocupaciones de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, y los republicanos están ansiosos por atacar a Biden con este tema, señaló AP.
Las fuentes anónimas informaron que con las nuevas medidas los demócratas pretenden evitar cualquier posible repunte en los cruces, lo que podría ocurrir cuando se acerquen las elecciones de otoño y el clima sea menos caluroso. El nuevo plan permitiría a Biden afirmar que ha hecho todo lo posible para controlar las cifras en la frontera sin ayuda del Congreso, aunque su administración ha tomado medidas menores en las últimas semanas con el objetivo de desalentar la migración y acelerar la tramitación de asilo.
Las nuevas restricciones se consideran “un intento agresivo de aliviar el desbordado sistema de asilo del país, junto con un nuevo esfuerzo por acelerar los casos de los inmigrantes que ya se encuentran en Estados Unidos”, según AP. Se está valorando algunas de las políticas directamente de un acuerdo fronterizo bipartidista estancado del Senado, incluyendo limitar el número de encuentros a un promedio de 4,000 por día durante una semana.
Dos de las fuentes dijeron que una opción es que “los migrantes que lleguen después de que la frontera alcance cierto umbral podrían ser expulsados automáticamente en un proceso similar a la deportación y no podrían regresar fácilmente”. Bajo la política de la era de la pandemia conocida como Título 42, los migrantes podían regresar más fácilmente a la frontera si eran expulsados.
En virtud de ese acuerdo, México aceptó readmitir a algunas nacionalidades no mexicanas, incluidos migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador. En Estados Unidos, los migrantes, especialmente las familias, que solicitan asilo en la frontera sur suelen ser puestos en libertad para esperar a que se resuelvan sus casos. Actualmente hay más de 2 millones de casos pendientes en los tribunales de inmigración, y algunas personas esperan años para que se les asigne una fecha en el tribunal mientras viven en el limbo en Estados Unidos.
Aunque cualquier persona que llega ilegalmente a la frontera puede solicitar asilo, las autoridades estadounidenses están presionando para que los inmigrantes pidan cita y empleen una vía legal, evitando el costoso y peligroso trayecto. Se está fomentando que los migrantes soliciten asilo a través de puestos avanzados en Colombia, Guatemala y Costa Rica.
Las críticas de los republicanos y el gran número de migrantes que cruzan a EE.UU. han provocado que Biden se haya vuelto más conservador en cuestiones fronterizas. Las nuevas medidas que pretende aplicar la administración Biden están recogidas en la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual otorga al presidente un amplio margen de maniobra para bloquear la entrada de determinados inmigrantes si ello fuera “perjudicial” para los intereses nacionales.
Recientemente, en el Senado, los republicanos volvieron a bloquear un proyecto de ley que habría consagrado algunas de estas medidas, a pesar de que los republicanos han clamado por más restricciones y argumentado que Biden no ha hecho lo suficiente para frenar el flujo de inmigrantes. El proyecto de ley bipartidista, que parecía estar encaminado a su aprobación, contaba con el respaldo del Consejo Nacional de la Patrulla de Fronteras y de su presidente, Brandon Judd, partidario declarado de Donald Trump.
Angelo Fernández Hernández, portavoz de la Casa Blanca, declaró que la administración de Biden continúa buscando opciones políticas para resolver los problemas del sistema de inmigración. “Mientras que los republicanos del Congreso optaron por interponerse en el camino de la aplicación de la frontera adicional, el presidente Biden no dejará de luchar para entregar los recursos que el personal fronterizo y de inmigración necesitan para asegurar nuestra frontera”, dijo.
En 2024, el Congreso aprobó la financiación de un total de 41,500 camas de detención y aumentó en 1,200 millones de dólares los fondos destinados a las operaciones de aplicación de la ley y expulsión de inmigrantes respecto a lo solicitado inicialmente por la Casa Blanca. Se incluyeron 106 millones de dólares más para financiar programas que controlan a los inmigrantes en el sistema de asilo a través de aplicaciones telefónicas y tobilleras, en lugar de a través de la detención.
La administración del presidente Joe Biden anunció recientemente nuevos cambios en la política de asilo político, que permitirían a Estados Unidos acelerar la expulsión de inmigrantes considerados “no aptos” en la frontera. Cuatro personas familiarizadas con el tema confirmaron al medio Político que los cambios serían introducidos en la entrevista de miedo creíble, donde “los inmigrantes pueden ser considerados no aptos para solicitar y recibir asilo”.
Además, el gobierno de Estados Unidos propuso cambios significativos en la política de asilo que podrían afectar a los represores de regímenes autoritarios en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Según expertos consultados por Martí Noticias, estas nuevas medidas restringirán la entrada a EE.UU. de individuos con antecedentes penales o que hayan participado en actividades represivas.
