El régimen cubano parece no haber tomado bien la decisión de los Estados Unidos de permitir que los emprendedores y dueños de MiPymes en la isla abran cuentas en bancos estadounidenses. Así puede verse por las declaraciones realizadas desde la isla por sus dirigentes tras confirmarse la noticia.
Johana Tablada, subdirectora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), aclaró que de momento estudiarán estas concesiones y que solo se permitirán si estas «no violan la legislación nacional»; sin aclarar en qué podrían consistir estas supuestas «violaciones» al abrir una cuenta bancaria.
«Cuba las está estudiando y la decisión del gobierno es firme y, si no violan la legislación nacional y de verdad significan una oportunidad o una apertura para nuestra población, y se beneficia la población, aún si fuera para un segmento específico de nuestra población, el gobierno de Cuba no va a poner obstáculos a la aplicación de estas medidas», informó Tablada.
El Gobierno de Cuba ha calificado de «limitadas» las medidas anunciadas por Estados Unidos respecto a la actividad económica en la isla, las cuales permiten que los trabajadores autónomos abran cuentas en entidades financieras estadounidenses y operen en ellas a través de Internet. Según un comunicado oficial, «las medidas son limitadas y no tocan el cuerpo fundamental del bloqueo contra Cuba ni las sanciones adicionales que conforman la política de máxima presión». Este comunicado resalta que la decisión del Gobierno estadounidense se basa en «una visión distorsionada de la realidad cubana», al intentar separar de manera artificial el sector privado del público, cuando ambos son parte integral del sistema empresarial y la sociedad cubana en su conjunto.
El Ministerio de Exteriores cubano lamenta que Washington «pretenda dirigirse hacia un segmento de la población» sin eliminar ni modificar «las medidas coercitivas que más afectan hoy a la economía cubana y los servicios públicos, y que dañan duramente el bienestar» de los ciudadanos. Asegura que «aunque se trate de una selectividad caprichosa, tanto el sector público como el privado seguirán sufriendo las consecuencias del bloqueo».
La diplomacia cubana asevera que «las medidas coercitivas que componen el bloqueo económico seguirán en vigor con cruel efecto para toda la población cubana», destacando que el sector estatal presta servicios básicos como educación, salud y cultura. Además, acusa a Estados Unidos de tener la intención explícita de «utilizar a este sector con fines políticos contra la Revolución, en función de sus objetivos de cambio de régimen».
El comunicado añade que, de concretarse las medidas anunciadas, Estados Unidos busca «poner en una situación de ventaja al sector privado que se ha establecido legalmente y ha crecido bajo las medidas tomadas en acto soberano por el Gobierno de Cuba en consulta con el pueblo cubano». También menciona que lo mismo ha ocurrido con el acceso a Internet, el cual ha sido establecido y expandido por Cuba a pesar de los obstáculos del bloqueo y las restricciones que impiden el libre acceso a cientos de herramientas y sitios web.
A pesar de la crítica, el Ejecutivo cubano promete estudiar estas medidas y no obstaculizar su aplicación en caso de que no violen la legislación nacional. Concluye que «significan una apertura que beneficia a la población cubana, aunque solo sea a un segmento».
