La papa, un alimento esencial en la dieta cubana, se ha convertido en un bien escaso durante todo el año. Este tubérculo, cuya demanda es alta entre la población, solo está disponible de manera formal a través de la libreta de abastecimiento en pequeñas cantidades y con una calidad variable durante la época de cosecha.
La distribución estatal, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), los cuentapropistas y el mercado negro son los actores económicos involucrados, pero es en este último donde el suministro de papas es más constante, aunque a precios prohibitivos para el trabajador cubano promedio.
En el mercado negro, la libra de papa se cotiza entre 150 y 200 pesos, dependiendo de su calidad. Existen varias formas de adquirirla: por encargo, realizado a través de las redes sociales y con servicio a domicilio por un costo adicional, o mediante vendedores furtivos en la calle, quienes operan bajo el constante riesgo de ser descubiertos por la policía o los inspectores, lo que podría resultar en multas severas.
Un análisis publicado por la organización no gubernamental Food Monitor Program se preguntó de dónde proviene la papa que se vende en el mercado negro, si el Estado es el único autorizado para importarla, producirla y comercializarla en el país.
La respuesta radica en una compleja red de corrupción y desvío de recursos que involucra a diferentes actores del sistema de distribución estatal, aseguró la ONG en un artículo publicado este martes en su sitio web.
La papa en Cuba tiene dos orígenes: la importación y la producción doméstica, ambas controladas estrictamente por el Estado. Sin embargo, una vez que el tubérculo entra en la red de distribución nacional, se activa una red de corrupción que abarca todo el país.
Almaceneros, transportistas, operadores de agromercados estatales y ciudadanos comunes forman parte de esta red corrupta. La merma natural del producto se utiliza como excusa para justificar las toneladas de papas que desaparecen en la cadena distributiva.
Desde los grandes almacenes mayoristas hasta los agros comunitarios, el desvío de recursos es frecuente. Los sacos de papa son desviados y vendidos ilegalmente a estibadores y choferes durante el transporte.
En las placitas, administradores prefieren recibir las entregas los sábados por la tarde para aprovechar la corrupción, ya que los domingos no abren y los lunes justifican la merma con papas en mal estado, permitiendo la venta ilegal de los sacos restantes.
Los revendedores al detalle son el último eslabón de esta cadena de corrupción. Estos personajes, formados en años de negocios ilegales, tienen los contactos necesarios para garantizar un suministro constante de papas. Operan en los agromercados locales y algunos puntos estatales, vendiendo las papas en sus viviendas o a domicilio a través de las redes sociales. Los más poderosos cuentan con distribuidores que venden el producto en pequeñas cantidades a precios exorbitantes.
El mayor perjudicado es el ciudadano común, quien no puede acceder a las papas a precios asequibles. Más allá de las responsabilidades individuales e institucionales, la raíz del problema radica en las políticas agroalimentarias colectivistas y la falta de incentivos para la producción de alimentos en Cuba.
El sistema totalitario no tiene respuestas efectivas para estos problemas, ya que una verdadera apertura económica socavaría sus propios fundamentos sociopolíticos. El hambre y la escasez en Cuba se han convertido en fenómenos cotidianos, haciendo evidente la necesidad de un cambio estructural para solucionar esta crisis alimentaria.
El Programa de Monitoreo Alimentario (Food Monitor Program) considera evidente que el derecho a la alimentación ha sido utilizado como un instrumento de dominación en Cuba desde la incorporación de la libreta de abastecimiento en marzo de 1962.
Partiendo del supuesto de que la mayor intervención del Estado-Partido eliminó el poder de agencia de los ciudadanos, transformó sus prácticas alimentarias, controló su tiempo y gestionó su vida privada, sus expertos señalan que la promesa de la llamada “revolución” de garantizar derechos sociales y económicos como la alimentación, fue pagada con la sustracción de los derechos civiles y políticos.
Food Monitor Program se propone deconstruir el mito de la soberanía alimentaria en Cuba, desmontando las justificaciones del bloqueo y evidenciando su instrumentalización política. Además, tiene como objetivo contribuir a evitar que estos modelos se sigan promoviendo en la región y sirvan de vía para desmantelar la democracia y el estado de derecho.
