Una treintena de personas fueron juzgadas en Camagüey en nueve casos de minería ilegal, según informó Cubadebate este domingo, citando como fuente la Presidencia del Tribunal Provincial Popular de ese territorio. Estos casos ocurrieron en Guáimaro y en el municipio cabecera, afectando significativamente el entorno y el patrimonio geológico de la región.
Los acusados, cuyas identidades no han sido reveladas, recibieron penas que varían entre los seis meses y los dos años de privación de libertad y/o multas que oscilan entre los 200 y 500 pesos. La fuente oficialista no ofreció detalles específicos sobre cada caso, pero indicó que las sanciones fueron impuestas considerando las características personales de cada acusado, la lesividad social de los hechos, y la conducta social de los implicados en sus áreas de residencia.
Uno de los focos de estas actividades ilegales fue la mina de San Jacinto en Guáimaro. A pesar de la falta de detalles sobre los casos, se informó que los implicados no solo dañaron el patrimonio geológico de Cuba, sino que también pusieron en riesgo su salud, exponiéndose a enfermedades letales, incluyendo varios tipos de cáncer, malformaciones y enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación de los metales.
La empresa geominera de la provincia ha sufrido consecuencias económicas debido al impacto medioambiental causado por estas extracciones ilegales. Las autoridades cubanas llevan más de una década intentando frenar el fenómeno de la minería ilegal, un problema que ha aumentado desde 2013. La ley de Minas en Cuba establece que “el subsuelo es propiedad del Estado, único autorizado a la extracción de minerales con fines investigativos y explotación”.
Los “cazadores” de oro, como se les llama, suelen explotar pequeños yacimientos que no están en las rutas principales y donde las empresas estatales no consideran rentable intervenir. Este fenómeno no es nuevo; en 2018, el diario Granma alertó sobre la muerte de dos personas en Holguín por inhalación de gases durante la extracción ilegal de oro, incidente que también dejó tres heridos graves y uno leve.
Entre febrero y octubre de 2023, en Ciego de Ávila, más de 60 personas fueron juzgadas por delitos similares, una cifra significativamente menor en comparación con 2021, cuando fueron sancionadas 300 personas. En abril, Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, destacó en una reunión la importancia de continuar el combate contra la minería ilegal, subrayando que “no es un tema cerrado”.
La Constitución de Cuba dispone que los yacimientos minerales y las minas “son de propiedad socialista” y establece que su explotación requiere una concesión minera gestionada por la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) y otorgada por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros o el titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), según el tipo de mineral.
En Cuba, la minería artesanal está aprobada únicamente para la extracción de piedra destinada a la construcción, arena y arcillas, y no incluye ningún otro tipo de explotación minera. Este marco legal pretende regular y controlar las actividades mineras, asegurando que solo el Estado, a través de concesiones específicas, pueda llevar a cabo la extracción de minerales.
