En Santiago de Cuba, las autoridades llevaron a cabo una significativa operación policial que resultó en la detención de varios individuos involucrados en un elaborado esquema de tráfico de drogas con alcance internacional. El diario oficial Granma informó que el líder del grupo tenía conexiones en Jamaica y estaba intentando establecer una base en el municipio de Guamá para facilitar la distribución de cocaína y drogas sintéticas.
La operación permitió la incautación de 300 libras de marihuana, diversas armas de fuego, sumas considerables de dinero en efectivo, teléfonos móviles y varias lanchas rápidas, evidenciando el alto nivel de organización y recursos disponibles para los traficantes. El Teniente Coronel Abraham Estonlle Río, responsable del departamento de narcotráfico internacional, indicó que el objetivo del grupo era introducir drogas en Cuba y establecer un punto de apoyo logístico para operaciones futuras.
Esta redada ha sido celebrada por las autoridades cubanas como un éxito en su lucha contra el narcotráfico y también resalta la vulnerabilidad de las costas cubanas a actividades delictivas de esta índole. La persistencia de redes criminales que intentan explotar estas debilidades es una preocupación constante para la seguridad nacional.
En respuesta a estos delitos, la fiscalía ha propuesto penas severas, de entre 20 y 30 años de prisión para los involucrados, reflejando la política de tolerancia cero que mantiene el gobierno cubano frente al narcotráfico. Carlos Martín García, fiscal provincial, recordó que el Código Penal cubano permite sanciones que van desde largas penas de cárcel hasta la pena de muerte para casos graves como estos.
«Estas medidas son un claro mensaje a cualquier organización criminal de que Cuba no tolerará el narcotráfico», declaró García. Además, destacó la importancia de estas acciones en la prevención de futuras actividades delictivas que puedan amenazar la estabilidad y seguridad del país.
Paralelamente, la Televisión Cubana informó sobre la desarticulación de otra red criminal que operaba a través de plataformas digitales ofreciendo servicios de trámites migratorios falsos, para luego cometer robos violentos contra sus víctimas. Este grupo, compuesto por cinco hombres y dos mujeres, enfrenta también duras consecuencias legales, con penas que van de los 25 a los 28 años de prisión para la mayoría, y una sanción de cinco años para uno de los implicados.
