En un reciente fallo judicial que ha causado consternación en la comunidad de Buey Arriba, en la provincia de Granma, un individuo fue condenado a tres años de correccional sin internamiento por abuso sexual continuado a una niña de cuatro años. Esta sentencia ha levantado una ola de indignación, especialmente entre los familiares de la víctima y los residentes locales.
Yelenis Pinilla, la abuela de la pequeña afectada, expresó su profundo descontento en redes sociales: “¡Creo que esa sentencia fue tan vergonzosa! Aquí en Cuba un delincuente mata a una vaca y son de 8 a 9 años de prisión. Entonces un delincuente que abusa de una niña le ponen 3 años de trabajo correccional sin internamiento”. Su frustración se hace eco de un sentimiento generalizado de que la justicia no ha sido adecuadamente servida.
La abuela también sugirió que la influencia y la posición del agresor, quien es un agente de la Seguridad del Estado cubano, podrían haber influido en la levedad de la sentencia. “Pasó esto por la corrupción que hay aquí en este país de jueces y fiscales, que es impresionante y triste y porque el delincuente es un agente de la Seguridad del Estado cubano, que a esos son los que ellos reclutan, a los delincuentes mayores, ese tipo de personas es el que reclutan”, afirmó con consternación.
Los hechos, según documentos judiciales, ocurrieron antes del 9 de julio de 2023 cuando la pequeña A. M. Contino Pinilla visitó la casa del agresor, Maikel Solano Arévalo, sin supervisión adulta. Solano Arévalo aprovechó la situación para llevar a la niña a una habitación, desvestirla y cometer actos libidinosos, aunque no llegó a la penetración.
El testimonio detallado y espontáneo de la niña y las declaraciones de su madre fueron cruciales para establecer la culpabilidad del acusado. Sin embargo, la forma en que se manejó el proceso judicial y la sentencia final han sido fuertemente criticadas. Alaín Espinosa, abogado de Cubalex que tuvo acceso a la sentencia, criticó la manera en que se tramitó el caso y la aparente flexibilidad procesal otorgada al acusado.
“En cuanto a la sentencia y a la manera en que se tramitó el proceso, se evidencia que esta persona no estuvo en ningún momento privada de libertad. De hecho, la medida cautelar que le aplicaron durante todo el proceso fue una obligación contraída en acta, o sea, ir a un lugar determinado que puede ser una unidad de la policía, a firmar una vez por semana o una vez cada 15 días, etcétera”, explicó Espinosa.
Espinosa también señaló que el tribunal no tomó en cuenta circunstancias agravantes que podrían haber incrementado la severidad de la sanción. Según él, se ignoraron elementos que deberían haber elevado el marco sancionador del delito. “Estos son dos circunstancias agravantes que se aprecian de manera muy intensa y que, por ende, el tribunal tendría que haberlas no solo apreciado, sino tendría que haber aumentado el límite máximo del marco sancionador previsto hasta la mitad. Esto quiere decir que, en lugar de tener un marco sancionador entre dos y cinco años de privación de libertad, el marco sancionador tendría que haber sido entre dos y siete años y medio de privación de libertad, con la posibilidad de haber impuesto una sanción que estuviera más cercana a este límite máximo que al límite mínimo”, detalló.
El abogado además criticó la tendencia a garantizar cierto grado de impunidad para el responsable de un delito tan grave. La sentencia impuesta permite que el delincuente potencialmente vuelva a cometer delitos similares, debido a la naturaleza no restrictiva de su castigo.
La familia de la víctima, devastada y en busca de justicia, ha apelado la sentencia, esperando que se revisen las decisiones y se imponga una sanción más severa que refleje la gravedad de los actos cometidos. La comunidad, entretanto, sigue alarmada y espera que este caso sirva para revisar y reformar las políticas y prácticas judiciales en casos de abuso sexual, especialmente cuando involucran a menores.
