El gobierno de Santiago de Cuba ha anunciado una serie de medidas destinadas a enfrentar la creciente desvinculación laboral y educativa entre los jóvenes en la provincia, una situación que ha llevado a la administración local a considerar la implementación de un levantamiento estadístico casa por casa para evaluar la situación de sus residentes. El gobernador de la ciudad, Manuel Falcón Hernández, declaró durante un Consejo Provincial Extraordinario y Ampliado de Gobierno del Poder Popular que se efectuará un meticuloso levantamiento de información para comprender mejor la situación laboral y educativa de la población.
Este esfuerzo se orienta a identificar a las personas desvinculadas del estudio y del trabajo, con el fin de implementar estrategias que permitan su reincorporación efectiva a la sociedad. De acuerdo con las autoridades, se preparará un informe detallado por Circunscripción y Consejo Popular que será posteriormente revisado por el gobernador para tomar medidas adecuadas.
Para los jóvenes que se han desvinculado de sus estudios, se contempla un análisis individualizado que busque reintegrarlos al sistema educativo. Además, para aquellos que se encuentran desempleados, se evaluará la disponibilidad de empleo en sus áreas de residencia y a nivel municipal. En este contexto, la Dirección Provincial de Educación ha desarrollado una estrategia específica destinada a asegurar que los graduados de obreros calificados, que aún no han logrado entrar al mercado laboral, puedan continuar sus estudios.
La administración también tiene planes de ofrecer una variedad de cursos de superación y calificación profesional, buscando proporcionar mayores oportunidades de desarrollo personal y profesional a todos los ciudadanos. Este enfoque no solo pretende mejorar las competencias de los individuos, sino también aumentar la probabilidad de que encuentren empleo digno y bien remunerado.
Según cifras oficiales, más de 25,000 personas en la provincia de Santiago de Cuba están desvinculadas del estudio y del trabajo, un número significativo que refleja la profundidad del problema. En un contexto más amplio, el gobierno cubano ha estado intentando revitalizar la llamada «Ley contra la vagancia», una normativa impuesta originalmente en 1971 que incluye penas de cárcel para aquellos que se niegan a trabajar o estudiar, como parte de un esfuerzo por combatir la inactividad laboral y educativa en medio de una crisis migratoria que ha debilitado la fuerza laboral del país.
Sin embargo, la efectividad de estas medidas coercitivas es cuestionable, dado que la motivación para reintegrarse al trabajo o la escuela es baja entre los jóvenes, principalmente debido a que los salarios ofrecidos no son suficientes para cubrir las necesidades básicas en un contexto de inflación acelerada. Esta situación ha resultado en un aumento del desempleo en varias provincias, incluyendo Las Tunas, y ha llevado a la población a vivir en un estado de constante estrés y desesperación, enfrentando dificultades para adquirir incluso los productos básicos como alimentos.
