Cuba ha anunciado recientemente la implementación de nuevas medidas destinadas a controlar la evasión fiscal. Una de estas medidas más destacadas es la restricción de la salida del país para aquellos ciudadanos con «deudas significativas» registradas en la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT). Esta decisión se ha tomado en coordinación con la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) del Ministerio del Interior (Minint).
Según informes de la prensa estatal, esta iniciativa tiene como objetivo principal «mitigar la evasión fiscal», considerada una amenaza para el presupuesto estatal, según declaraciones de Marislady Perdigón, subdirectora de la ONAT en Sancti Spíritus, realizadas a una emisora local.
Perdigón destacó que más de 145 contribuyentes han sido afectados por estas regulaciones debido a sus deudas pendientes con la ONAT. Algunos de estos contribuyentes han logrado regularizar su situación pagando sus deudas, lo que les ha permitido recuperar su libertad para salir del país.
La ONAT ha implementado medidas adicionales para detectar a aquellos deudores que intentan evadir la regulación saliendo del país. Antes de iniciar el proceso de salida, se realiza un aviso de entrada a aquellos individuos que tienen deudas pendientes. Si al llegar al país se constata que tienen deudas, se les impide abandonar el territorio hasta que se resuelva su situación con la ONAT.
Se han reportado casos extremos, como el de un ciudadano en Cabaiguán con una deuda que supera los 2 millones de pesos. Estos casos ponen de manifiesto las graves consecuencias financieras y personales que pueden surgir de la evasión fiscal en Cuba.
El director de la ONAT en la región central del país informó que aquellos que no cumplen con los plazos establecidos para el pago de sus deudas enfrentan la apertura de un expediente por presunto delito de evasión fiscal, el cual se presenta ante las autoridades correspondientes. La gravedad de estas medidas refleja la determinación del gobierno cubano en la lucha contra la evasión fiscal y la protección de los recursos estatales.
