El programa oficialista «Hacemos Cuba», conducido por Humberto López, vocero del régimen castrista, amenazó a los cubanos con la pena de muerte si participan en manifestaciones masivas en contra del Partido Comunista de Cuba (PCC). Durante el programa, emitido en horario estelar por la televisión estatal, López conversó con el coronel Hugo Morales Karell, del Ministerio del Interior (Minint), y Otto Molina Rodríguez, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, sobre las posibles consecuencias legales para aquellos que desafíen al régimen.
El actual Código Penal cubano contempla penas de 30 años de prisión, cadena perpetua y hasta la pena de muerte como respuesta a quienes participen en manifestaciones masivas con la intención de «subvertir el orden». La amenaza se dirige principalmente a quienes sean acusados de delitos graves como sedición, terrorismo u otros actos que el gobierno considere amenazantes para la seguridad del Estado.
Morales Karell acusó a cubanos residentes en Estados Unidos de ser «terroristas» y de fomentar la violencia, según el criterio de las autoridades represoras. También se mencionó a aquellos que usan las redes sociales para «incitar a la agitación pública», sugiriendo que estas acciones podrían ser motivo de graves sanciones.
Estas declaraciones se producen a pocas semanas del tercer aniversario de las protestas históricas del 11 de julio de 2021, que resultaron en más de mil presos políticos encarcelados por la dictadura. A pesar de las amenazas y el riesgo de desafiar al régimen, las manifestaciones en Cuba han continuado creciendo a medida que empeoran las condiciones económicas y sociales.
El exescolta del servicio secreto cubano explicó que la amenaza de la pena de muerte no está dirigida específicamente a los influencers o disidentes que residen fuera de Cuba, aunque también se menciona a este grupo. La amenaza tiene como principal objetivo infundir miedo entre los ciudadanos dentro de Cuba, disuadiendo a la población de participar en protestas o mostrar descontento con el gobierno.
El uso de esta táctica de amenaza extrema se considera un intento del régimen para mantener el control y evitar que las manifestaciones se propaguen, especialmente entre aquellos que podrían estar considerando unirse a movimientos de protesta o expresar su descontento públicamente. La estrategia busca así frenar la disidencia y mantener la estabilidad del sistema castrista.
