Liván Izquierdo Alonso, recién nombrado primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en La Habana, expresó en sus primeras declaraciones que la capital no debe representar una carga para el resto de la nación. Este cambio de liderazgo se produjo tras la destitución de Luis Antonio Torres Iríbar, marcando un momento significativo en la política interna de Cuba.
Izquierdo Alonso, quien posee una amplia trayectoria como cuadro político, incluyendo responsabilidades en los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y el Partido, enfatizó la necesidad de que La Habana contribuya positivamente al país. «La Habana no puede ser una carga para el país. La capital tiene que darle mucha alegría al país. Y lo vamos a lograr», afirmó ante figuras como Miguel Díaz-Canel y el propio Torres Iríbar.
La destitución de Torres Iríbar se presentó como una «renovación de su responsabilidad», sin ofrecer mayores detalles. Díaz-Canel elogió el ejercicio de política de cuadros realizado, reconociendo los resultados de Torres Iríbar y felicitando a Izquierdo Alonso por su promoción.
La percepción de que La Habana goza de ciertos privilegios, especialmente en lo que respecta a la distribución de los cortes de electricidad, ha generado descontento en otras provincias. La Unión Eléctrica (UNE) ha intentado justificar las diferencias en el suministro eléctrico argumentando la necesidad de mantener en funcionamiento la economía del país, lo que ha provocado críticas y acusaciones de inequidad.
La situación energética en el oriente de Cuba se ha visto particularmente afectada, con la UNE reconociendo mayores dificultades debido a las «altas transferencias» de electricidad desde la zona occidental. Esta disparidad ha llevado a intensas reacciones por parte de los ciudadanos, quienes demandan igualdad y justicia en el trato entre las diferentes regiones del país.
Para abordar la crisis energética en el oriente, el régimen cubano trasladó una unidad de generación móvil a la zona a finales de febrero de 2023, buscando equilibrar el sistema eléctrico y reducir las probabilidades de averías. Esta medida se tomó tras una serie de apagones masivos que afectaron a varias provincias, evidenciando la fragilidad del sistema electroenergético nacional.
