Régimen cubano mantiene silencio total sobre la investigación por corrupción en contra del ex ministro de Economía Alejandro Gil

Redacción

La reciente investigación penal en contra de Alejandro Gil, exministro de Economía de Cuba, ha sumido a la nación en un velo de misterio, con el régimen proporcionando información escasa y fragmentada. Este enfoque enigmático no es nuevo para el gobierno cubano, pero el caso de Gil toca directamente un tema de gran importancia para los ciudadanos: la crisis económica que ha desencadenado protestas en varias regiones de la isla.

Como arquitecto de políticas económicas significativas durante su mandato, incluyendo la controvertida Tarea Ordenamiento y la introducción de tiendas en MLC, Gil se encuentra en el centro de la tormenta económica que ha sacudido a Cuba, dejando a muchos preguntándose exactamente de qué se le acusa. A pesar de las vagas referencias a “graves errores” y “graves imputaciones” por parte de Díaz-Canel, los detalles específicos de las acusaciones permanecen ocultos.

El silencio del régimen ha alimentado todo tipo de especulaciones. Mientras algunos medios internacionales sugieren que la investigación podría ser parte de una campaña más amplia contra la corrupción, otros, como la economista Rafaela Cruz, ven en este acto una posible maniobra política interna dentro del castrismo, más que un genuino esfuerzo por abordar la corrupción.

Este secretismo gubernamental no solo alimenta la rumorología, sino que también infringe el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre asuntos de interés público. La esperada Ley de Transparencia y Acceso a la Información podría ofrecer una solución, pero su efectividad y aplicación siguen siendo una incógnita.

Mientras tanto, la población cubana sigue demandando claridad y transparencia, especialmente en casos que afectan directamente su bienestar y el futuro económico de la nación. La información sobre la investigación de Gil no debería ser un secreto, dado su papel público y su influencia en la economía del país. La presunción de inocencia de Gil y su derecho a un juicio justo no deben ser obstáculos para que el pueblo cubano tenga acceso a la información que merece y necesita.