Mario Alberto Urquía Carreño, quien ocupaba el cargo de Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba, fue expulsado de la importante sesión semestral de la Alta Cámara, que tuvo lugar este domingo en La Habana. La expulsión se produjo en medio de un clima de tensión generado por el robo de 19 mil dólares de la oficina de Urquía Carreño, lo que ha provocado un escándalo dentro de la organización.
Durante la sesión, los representantes de más de trescientas logias del país expresaron su rechazo a Urquía Carreño, calificándolo de «ladrón, usurpador, sinvergüenza, traidor», y cuestionando la legalidad de su presencia en la reunión. Cabe destacar que Urquía Carreño había sido previamente expulsado por el Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba el 25 de enero, lo que, según un Tratado de Paz y Amistad entre el Supremo y la Gran Logia, implicaría que la otra entidad debería reconocer y aplicar la misma sanción.
Según un testigo que prefirió mantenerse en el anonimato, Urquía Carreño se resistió inicialmente a abandonar la sala, pero la presión de los representantes de las logias lo obligó a salir. Este incidente es inédito en la historia de la Masonería cubana, marcando un día de vergüenza pero también de demostración de autonomía e integridad por parte de los masones cubanos.
En respuesta a las acusaciones y al robo de los 19,000 dólares pertenecientes al Asilo Nacional Masónico Llansó, Urquía Carreño emitió un comunicado en el que detalló los eventos, rechazó la idea de renunciar y criticó el procedimiento seguido en la reunión extraordinaria del Patronato que trató el asunto.
Como medida disciplinaria, Urquía Carreño había suspendido los derechos masónicos de 29 masones, enviándolos a juicio. Entre ellos se encontraba José Ramón Viñas Alonso, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33, quien fue suspendido simplemente por informar a la comunidad masónica sobre el robo. Sin embargo, su juicio fue cancelado por falta de evidencia.
Tras la expulsión de Urquía Carreño, Ernesto Zamora asumió la presidencia de la sesión de la Alta Cámara, y se impugnaron todos los decretos firmados por Urquía Carreño desde el 25 de enero, incluyendo aquellos que buscaban sancionar a sus opositores.
