La escasez de insumos en el sistema de salud cubano ha alcanzado niveles críticos, y las ópticas estatales no son ajenas a esta crisis. En la provincia de Matanzas, la situación ha llegado a un punto tan desesperado que los propios establecimientos del Estado están recomendando a los necesitados que busquen ayuda en el sector privado, donde los costos son prohibitivos para la mayoría de la población.
Un artículo detallado publicado en el diario oficialista Girón arrojó luz sobre esta preocupante realidad. Entre los testimonios, destaca el caso de Gabriel Rodríguez Torres, quien luchó por encontrar un par de lentes para su hijo en una óptica estatal, solo para descubrir que enfrentaba una severa escasez de armaduras y cristales.
Ante la falta de soluciones en la óptica estatal, Rodríguez Torres recibió la recomendación de acudir a un establecimiento privado cercano, donde un particular ofrecía servicios de graduación de vista y armado de lentes. Sin embargo, los precios eran exorbitantes, oscilando entre los 13.000 y 16.000 CUP, cifras inalcanzables para la mayoría de los cubanos cuyos ingresos mensuales apenas superan los 4.000 pesos.
La administradora de una óptica estatal en la Calle del Medio compartió la cruda realidad que enfrentan, con una falta de suministros desde el año 2020 que ha paralizado significativamente su capacidad de servicio. La escasez de cristales esféricos y planos, junto con la falta de piezas para el mantenimiento de equipos, refleja la profundidad de la crisis que afecta tanto a los pacientes como al funcionamiento interno de estas instituciones.
A pesar de los esfuerzos del director provincial de la Empresa de Farmacia y Ópticas, Dr. Pedro Tanquero Riaño, por abordar la situación, la falta de financiamiento y recursos sigue siendo un obstáculo insuperable.
El artículo concluye señalando al «bloqueo» de Estados Unidos como responsable de las carencias en las ópticas estatales, sin abordar la discrepancia evidente entre la escasez en estos establecimientos y la disponibilidad de materiales en el sector privado, incluso en aquellos que operan clandestinamente para evitar la intervención del Estado.
