El gobierno de Cuba ha implementado medidas drásticas contra 45 establecimientos comerciales, tanto estatales como privados, que no acataban las directrices gubernamentales de adoptar sistemas de pago electrónico para las transacciones con sus clientes. Esta acción se enmarca dentro de los esfuerzos del régimen por modernizar y controlar el flujo monetario dentro de la economía de la isla, según se desprende de reportes en medios oficiales.
De acuerdo con una publicación en el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, una serie de inspecciones realizadas en febrero a 3,341 entidades comerciales reveló que 893 de ellas no cumplían con lo estipulado en la Resolución 93/2023 emitida por el Ministerio del Comercio Interior (Mincin). Esta resolución, que entró en vigor el 2 de febrero, exige a los comercios la implementación de medios de pago electrónicos para facilitar a los consumidores una alternativa moderna y segura al efectivo.
La falta de cumplimiento de estas normativas ha llevado a las autoridades a tomar medidas severas, incluyendo el cierre de 45 establecimientos, la imposición de 89 multas y la revocación de 75 licencias comerciales. Mirurgia Ramírez Santana, directora de Regulación del Mercado y Mercadotecnia del Mincin, señaló que la mayoría de las infracciones se detectaron en el sector privado, especialmente en los mercados agropecuarios y en las panaderías de subordinación local pertenecientes al Ministerio de la Alimentación.
Antes de la implementación de la Resolución 93, ya se había identificado a 10,723 actores económicos que no facilitaban el pago electrónico a sus clientes. Este grupo incluía a entidades estatales, trabajadores por cuenta propia, micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), proyectos de desarrollo local y cooperativas no agropecuarias. Se destacó que un 58% de estas entidades no disponían de ningún sistema de pago electrónico.
La medida forma parte de una política más amplia del gobierno cubano para promover la bancarización y la digitalización de la economía, asegurando que todas las entidades comerciales, tanto personas naturales como jurídicas, se inscriban en el Registro Central Comercial (RCC) y adopten las facilidades de pago electrónico. A pesar de la existencia de una disposición transitoria para aquellos que no contaban con estas facilidades al momento de entrar en vigor la resolución, el proceso ha enfrentado resistencia, especialmente en el sector privado.
