Fernando Javier Albán, dueño de AgroIndustrial Media Luna, una prominente compañía en Ciego de Ávila dedicada a la producción de jugos de frutas y otros ítems bajo la marca Tuaba, ha sido arrestado por las autoridades cubanas. La detención parece estar vinculada a una investigación sobre posibles conexiones con Alejandro Gil, el exministro de Economía y Planificación recientemente implicado en acusaciones de corrupción.
De acuerdo con un detallado informe de El Nuevo Herald, Albán fue arrestado y llevado a La Habana días antes de que se anunciara el reemplazo de Gil en su cargo ministerial. Fuentes no reveladas sugieren que los casos de ambos individuos podrían estar interconectados, posiblemente por beneficios mutuos.
Una preocupación clave para la policía cubana y la Seguridad del Estado ha sido cómo Media Luna logró transformarse en una empresa privada, especialmente considerando que la legislación cubana comenzó a permitir la creación de empresas privadas recién en agosto de 2021.
Se explica que Media Luna inició como un «proyecto de desarrollo local», una forma de colaboración entre el sector privado y el estatal que requería aprobación de las autoridades municipales. Esta colaboración implicaba contribuciones significativas de ingresos al gobierno y la obligación de canalizar las exportaciones a través de entidades estatales.
Rápidamente, Media Luna se estableció como la primera empresa privada reconocida en Ciego de Ávila, atrayendo la atención sobre su evolución, como suele ocurrir con las iniciativas privadas en Cuba.
Aunque una investigación inicial fue interrumpida por un entonces viceprimer ministro, las autoridades no se dieron por satisfechas y, al parecer, han reabierto el caso.
Según El Nuevo Herald, Media Luna ha cerrado sus puertas, incluyendo tanto sus instalaciones de producción como su tienda en el bulevar principal de Ciego de Ávila. Ni los grandes carteles de Fidel Castro, las supuestas contribuciones millonarias al gobierno local, las reparaciones de un hospital y una escuela, un premio de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, ni la cobertura en medios estatales han sido suficientes para evitar el escrutinio del régimen.
La situación de Gil se hizo pública el 7 de marzo a través de un comunicado breve firmado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, quien mencionó «graves errores» en las funciones de Gil sin entrar en detalles.
La nota indicaba que, por sugerencia de la Fiscalía General de la República, el Buró Político del Comité Central del Partido y el Consejo de Estado habían autorizado investigaciones para esclarecer completamente estos actos.
Mario J. Pentón, periodista de Martí Noticias, compartió en un video que, según una fuente cercana a la investigación, Gil podría estar detenido, y su familia se habría enterado por televisión.
«Personas cercanas a la investigación, que prefirieron el anonimato, confirmaron que la residencia de Gil fue registrada y él fue llevado para ser interrogado, aunque se desconoce si fue a Villa Marista o a alguna otra instalación de seguridad del régimen», agregó Pentón.
Tras el comunicado de Díaz-Canel, replicado rápidamente por medios oficiales, no se ha proporcionado más información sobre el exministro, cuya caída parece ser utilizada por el régimen para justificar sus propias deficiencias gubernamentales.
