El gobierno cubano ha defendido la decisión de aumentar los precios del combustible como una medida efectiva para reducir las largas filas y la presencia de revendedores en los servicentros del país. Un reportaje publicado por el medio estatal Cubadebate destaca los efectos positivos percibidos tras el ajuste de precios implementado el 1 de marzo, argumentando que la medida ha contribuido a disminuir la “alta demanda” de combustible.
La subida de precios, sin embargo, ha tenido un impacto significativo en los costos para los conductores particulares. Según testimonios recogidos en el reportaje, llenar un tanque de 40 litros de combustible puede costar alrededor de 6,000 CUP, una cifra que excede ampliamente el salario básico en Cuba. A pesar de esto, algunos ciudadanos entrevistados expresaron su conformidad con la medida, indicando que la disponibilidad de combustible compensa los altos precios.
El artículo también señala que los retos actuales se centran en las dificultades de conexión a la hora de realizar pagos por combustible, sugiriendo que este es ahora el principal problema que enfrentan los usuarios y el Estado.
Además, se menciona que el combustible en Cuba está sujeto a regulaciones estrictas, limitando la compra a 40 litros por visita en los servicentros y estableciendo gasolineras específicas que venden exclusivamente en divisas.
Alfredo Martínez, gerente adjunto de Fincimex, explicó las modalidades de conexión disponibles en los servicentros y las opciones de pago con tarjetas tanto nacionales como internacionales.
El régimen ha enfatizado que la gasolina es el producto con mayor disponibilidad en la actualidad, mientras que el diésel se mantiene regulado para asegurar el abastecimiento de sectores críticos como la salud pública.
Vladimir Regueiro, ministro de Finanzas y Precios, justificó el incremento de precios como una estrategia para “rectificar distorsiones en la economía” y adaptar el valor del combustible a la devaluación de la moneda cubana. De acuerdo con Regueiro, el consumo excesivo de gasolina en el sector privado, que representaba el 71.5% del total mensual, fue un factor determinante para aplicar esta medida, buscando así moderar el consumo por parte de los particulares.
