Durante una sesión reciente del Consejo de Ministros de Cuba, se abordó la preocupante tendencia al alza en la incidencia delictiva en el país. El Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, destacó que la persistencia de estos problemas no recae únicamente en el Ministerio del Interior, sino que requiere de un enfoque más integrado por parte de todas las instituciones involucradas.
Marrero Cruz expresó su preocupación al señalar que, a pesar de los esfuerzos, no se ha logrado una disminución significativa en los niveles de delincuencia. Esta situación se ha convertido en una de las principales prioridades para el gobierno, especialmente en el marco de las estrategias para ajustar desequilibrios y revitalizar la economía de cara al 2024.
Tanto el Primer Ministro como el Viceprimer Ministro, Ramiro Valdés Menéndez, enfatizaron la importancia de abordar estos problemas desde las comunidades, donde residen los verdaderos «revolucionarios». Sin embargo, no profundizaron en las medidas concretas que se tomarán para proteger a los ciudadanos en su día a día frente a la creciente inseguridad que azota al país.
Marrero Cruz hizo un llamado a una mayor firmeza en la aplicación de la ley, criticando la falta de rigor y control en diferentes sectores, lo que ha contribuido a la proliferación de delitos como el robo de combustible. Por su parte, Gladys Bejerano, Contralora General de la República, también señaló la indisciplina y el desacato a las regulaciones como factores clave en este problema, subrayando que el control efectivo depende de la gestión administrativa de cada entidad.
El Primer Ministro reconoció que la verdadera medida del éxito en esta lucha será la capacidad de detener y eventualmente reducir la tendencia creciente de la criminalidad, un objetivo que requiere la participación activa de toda la sociedad.
La inseguridad se ha convertido en una constante en la vida cotidiana de los cubanos, manifestándose de diversas formas y sin vislumbrarse una solución a corto plazo. A pesar de los debates y discusiones en foros oficiales, el gobierno ha mantenido en reserva las estadísticas detalladas sobre la situación delictiva, limitándose a declaraciones generales sin ofrecer una imagen clara del alcance real de la violencia y la criminalidad en la isla.
Este panorama ha generado inquietud entre la población, especialmente en ciudades como Santiago de Cuba, donde el aumento de la actividad de bandas criminales y los informes de asesinatos han causado alarma. La situación se agrava con fenómenos como el robo de motocicletas eléctricas, lo que ha llevado a muchos conductores a limitar sus actividades durante ciertas horas del día para evitar ser víctimas de estos delitos.
