En un reciente artículo publicado por el diario Granma, se ha desvelado una preocupante situación de corrupción dentro del sector de Comercio y Gastronomía en Cuba, donde 203 trabajadores han sido procesados judicialmente por delitos como malversación, cohecho, falsificación de documentos, entre otros. Las penas impuestas varían entre dos y veintidós años, reflejando la gravedad de los actos cometidos.
Este escándalo, que solo abarca las auditorías realizadas en ciertas empresas provinciales de La Habana, ha llevado a la aplicación de 383 medidas disciplinarias, siendo la mayoría despidos. La magnitud de este problema es alarmante, considerando que solo se ha investigado una fracción del sector.
El artículo de Granma, precedido por un fuerte llamado a la moralidad y la ética, revela que la crisis de corrupción se extiende más allá de los trabajadores individuales, implicando también a niveles superiores por su negligencia y falta de supervisión efectiva. La situación es aún más grave al considerar que estos delitos se cometen en un contexto de escasez y necesidades básicas insatisfechas en la población.
Las tácticas empleadas por los implicados incluyen la falsificación de documentos bancarios y la declaración de ventas ficticias, prácticas que no solo desvían recursos económicos, sino que también generan desabastecimiento y enriquecimiento ilícito. Este fenómeno subraya la necesidad de una selección más rigurosa del personal en puestos clave y pone de manifiesto la escasez de mano de obra calificada en la isla, exacerbada por el éxodo masivo de cubanos.
A pesar de los esfuerzos de los funcionarios por abordar este problema, el alto número de implicados sugiere que estos actos corruptos no pasaron desapercibidos durante mucho tiempo, lo que indica una posible falta de vigilancia interna o incluso complicidad. La situación revela deficiencias en el Plan de Prevención de Riesgos y en la aplicación de controles internos, lo que ha llevado a una «tolerancia cero» contra la corrupción, como recientemente declaró Miguel Díaz-Canel.
Este escándalo de corrupción, junto con otros casos como el robo de toneladas de pollo, resalta la urgente necesidad de abordar la corrupción que, según Díaz-Canel, puede tener efectos devastadores en el desarrollo social y económico del país. La situación demanda una reflexión profunda sobre la pérdida de valores éticos y morales, y la necesidad de restaurar la integridad y la lealtad en el servicio público para evitar que beneficios personales se antepongan al bienestar colectivo.
