Este martes, Cuba fue escenario de un nuevo «juicio ejemplarizante» que capturó la atención de la prensa estatal, resultando en la condena de empleados y clientes de la Empresa Eléctrica de La Habana a penas de prisión y sanciones administrativas. «Funcionarios de la Empresa Eléctrica de La Habana han sido sancionados por delitos de falsificación de documentos bancarios y comerciales, cometiendo cohecho de manera continuada, con penas que van de 6 a 8 años de prisión, mientras que los usuarios enfrentan multas administrativas», anunció el Ministerio del Interior (MININT) en sus plataformas digitales.
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) aclaró en sus redes que el «juicio oral, público y ejemplarizante» tuvo lugar recientemente en el Tribunal Provincial de La Habana. La UNE enfatizó que «la lucha contra el delito y las ilegalidades es y será una batalla cotidiana de nuestros cuadros y órganos operativos del MININT, con el objetivo de proteger a nuestro pueblo trabajador».
En un contexto donde la UNE, dirigida por Alfredo López Valdés, enfrenta dificultades para suministrar la energía eléctrica demandada por sus clientes, quienes enfrentan tarifas crecientes desde la implementación del «ordenamiento económico y monetario», la crisis del sistema electroenergético nacional (SEN) se agudiza. «No toleraremos que individuos sin escrúpulos empañen el esfuerzo de hombres y mujeres que trabajan incansablemente para ofrecer un servicio adecuado a nuestros clientes, a pesar de las adversidades existentes», concluyó la UNE.
La investigación del MININT, en colaboración con empleados de la Empresa Eléctrica de La Habana, culminó con la acusación de siete funcionarios de la entidad y 14 clientes del sector residencial del municipio Plaza de la Revolución. La indagación reveló la participación del informático encargado del sistema de gestión comercial de la Unión Eléctrica, utilizado para el control empresarial, según un reportaje de la Televisión Cubana.
El reportaje, con un tono dramático, detalló que «la red delictiva incluía no solo al informático principal de la empresa eléctrica de La Habana y al administrador de la oficina comercial de Plaza de la Revolución», sino también a un inspector supervisor y cuatro lectores cobradores. Los clientes implicados eran consumidores de alto volumen de energía, a quienes se les facilitaba evadir los pagos correspondientes mediante la manipulación del sistema informático.
Mario Castillo Salas, director general de la Empresa Eléctrica de la capital, enfatizó la gravedad del robo de electricidad, equiparándolo al robo de combustible necesario para la generación de energía. Haydee Gómez Tellería, directora comercial de la empresa, resaltó la importancia de la confianza y la ética en su puesto de trabajo. Omar Alejandro Alonso Prieto, técnico de redes y sistemas, expresó su convicción de que los implicados deben estar arrepentidos de sus acciones.
Este juicio se suma a la serie de «juicios ejemplarizantes» utilizados por el régimen cubano como herramientas coercitivas y disuasorias para mantener el control y disuadir a la población de cometer delitos o acciones que desafíen el orden establecido, ya sea por delitos económicos, criminales o contra la «seguridad del estado».
